La buena voluntad
Por Jimena Paseyro
El 4% del territorio nacional está ocupado por bosques nativos y dos tercios de ellos están registrados en la Dirección General Forestal. La primera Ley Forestal de 1967 ya prohibía la corta o cualquier acción contraria a la preservación de estos ecosistemas. Tras 40 años de medidas conservacionistas, los bosques nativos crecieron más de 150.000 hectáreas, que fueron recuperadas naturalmente. Una de las principales amenazas de los bosques es el avance de los diferentes sectores productivos en los campos. En concreto, el sector forestal es considerado por investigadores y el gobierno como conservacionista y modelo a seguir por otras industrias.
«La Ley Forestal indica que los bosques nativos deben mantenerse, pero si a esto no le ponés cariño, no sale. Trabajo en un campo en Lavalleja, y cerca de Minas hay muchos bosques nativos, de sierra principalmente. Y ahí tenés que sacrificar zonas en las que se podría plantar; no podés laborearlas ni trabajarlas, se debe respetar el bosque. Cuando tomamos un campo virgen, al hacer los rodales o las vías cuidamos de mantener las distancias necesarias con el bosque nativo. Hasta cuando son árboles aislados, no se cortan y se los deja para que sigan su vida natural. Incluso en ocasiones se desestima plantar una o dos franjas de eucaliptos para no ahogar a estos árboles. Se torna más complicado durante la cosecha, porque ingresan máquinas y siempre estamos cuidando no dañar nada, pero le buscamos la vuelta. Además, es lindo ver que la fauna se mantiene y convive dentro de los bosques nativos, porque ves pájaros y otros animales que en otros sectores del mismo campo no están», narró a Forestal el supervisor forestal de la empresa Forestal Atlántico Sur (FAS), Jorge Canabé.
Su relato es una demostración cabal del trabajo minucioso, constante y artesanal que implica el manejo de un bosque nativo en un campo con fines productivos. El retorno por realizar estos cuidados es tangible para las empresas que cumplen requisitos de gestión medioambiental para la obtención de certificados internacionales, pero principalmente redunda en beneficios para todo el país.
El bosque nativo, que ocupa el 4% del territorio uruguayo, es considerado un refugio para varias especies de fauna e importante para la conservación de cuencas hídricas y del suelo.
El bosque nativo es un ecosistema natural que presenta una diversidad particular de especies de fauna y flora. Existen diversos tipos de bosques, que se clasifican en: fluvial, serrano, de parque, de palmares y de quebrada. Actualmente en Uruguay el bosque nativo ocupa el 4% de la superficie del territorio nacional, y es considerado un refugio fundamental para varias especies de fauna, además de reconocerse su importancia para la conservación de cuencas hídricas y del suelo. La política de conservación de la naturaleza que rige en Uruguay estipula que está «prohibida la corta y cualquier operación que atente contra la supervivencia del monte indígena» o nativo.
«Los bosques protegen los cursos de agua de la contaminación. En el caso de un bosque ribereño, la contaminación que viene bajando como consecuencia de actividades agrícolas es retenida por el bosque antes de llegar al curso de agua. Entonces el bosque amortigua esa contaminación. En un bosque serrano, que está en zonas altas, la presencia de esa vegetación evita la erosión del suelo», explicó a Forestal el Prof. Agr. del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, Alejandro Brazeiro.
Uruguay se propuso llegar a 2030 con un 12% de áreas protegidas en todo el territorio; hoy tiene menos del 1%.
La conservación de bosques en Uruguay y el manejo forestal sostenible es el resultado de la interacción entre la ley y su reglamentación, el Estado en representación del interés general y el propietario de la tierra con su interés particular. Bajo ese entendido, una de las medidas creadas para la conservación de estos ecosistemas es su registro ante la Dirección General Forestal (DGF) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). «Se pueden registrar bosques que tengan una extensión mínima de media hectárea. Para que el propietario del campo pueda realizar este registro, primero un ingeniero agrónomo privado debe hacer la descripción cualitativa y cuantitativa del bosque y la descripción de especies, para posteriormente presentarlo ante la DGF. Este no es un procedimiento obligatorio, pero genera un beneficio fiscal para los privados que lo hacen. Anualmente, el establecimiento rural obtiene el certificado de exoneración de la contribución inmobiliaria y de otros impuestos que gravan la producción rural. En 50 años de actuación de la DGF tenemos un poco más de dos tercios de los bosques nativos registrados», detalló a Forestal el director de la División Gestión de Bosques de la DGF, Juan Pablo Nebel.
UN MANEJO RESPONSABLE
Existen pautas concretas establecidas por la DGF para el cuidado de un bosque nativo. El Manual de manejo de bosque nativo publicado por el MGAP en 2014 indica que los tipos de manejo que se pueden realizar según la Ley Forestal son: 1) apertura de calles o trochas; 2) raleo o poda de monte; 3) corta a tala rasa. Para poder realizar cualquiera de estas acciones en un bosque nativo, el propietario del predio debe solicitar autorización previa ante la DGF y presentar un plan de manejo. A su vez, se suelen poner en marcha controles de especies invasoras, de caza, de extracción de madera, del uso de las zonas para refugio de ganadería.
Según Nebel, el acto más contraproducente para los bosques nativos es el fuego. «El hombre, por un tema de practicidad y economía, procede a limpiar un área con fuego. Eso es pan para hoy, hambre para mañana. Produce una limpieza inmediata, pero en los siguientes años genera más problemas porque el fuego hace germinar o diseminar determinadas semillas, y luego vienen especies nocivas. Las alternativas que hay son mecánicas y químicas. En términos económicos representa más gastos, pero si se hace bien puede tener un retorno económico si se saca leña», afirmó el director de la División Gestión de Bosques.
LEJOS DE LAS METAS
Si bien la reglamentación vinculada a la conservación del bosque nativo es clara y data de 1967, en el caso de los sitios de prioridad de conservación, la regulación de su protección y los criterios que se consideran para su designación son equívocos. Según definió Brazeiro, «los sitios prioritarios para la conservación son regiones geográficas de un país que, en función de determinados atributos ecológicos (alta diversidad, concentración de especies amenazadas o servicio ecológico que brinda), se priorizan para conservar. Desde la facultad hicimos una investigación en la que evaluamos el territorio nacional en base a ciertos criterios con el objetivo de generar un enfoque de conservación basado en eco-regiones. Pero el tema es que cada investigación científica particular puede definir criterios diferentes, y por lo tanto designar zonas distintas».
El sector forestal es considerado por investigadores y el gobierno como conservacionista y modelo a seguir por otras industrias.
El libro publicado en marzo de 2015 bajo el título Eco-regiones de Uruguay: biodiversidad, presiones y conservación. Aportes a la Estrategia Nacional de Biodiversidad, divide al país en siete grandes eco-regiones. Cada una comparte criterios de diversidad, cantidad de especies amenazadas y tipo de servicios ecosistémicos, que derivan en un mapa de zonas de prioridad de conservación. Según la investigación liderada por Brazeiro, estos sitios ocupan una superficie del 12% del territorio nacional.
El investigador docente recordó que el país aún está lejos de alcanzar las metas acordadas en 2010 en Japón, en el marco del lanzamiento de La perspectiva mundial sobre la diversidad biológica 4, más conocidas como las Metas de Aichi. Uno los objetivos fijados para los países firmantes es llegar a 2030 con un 12% de áreas protegidas en el territorio. «Hoy Uruguay tiene menos de 1% de áreas protegidas en el territorio. Sabemos que no se va a llegar a la meta fijada. Uruguay es el país que está más abajo en la región en cuanto a la proporción de tierras protegidas. ¿Por qué estamos tan atrás? En primer lugar porque Uruguay comenzó hace relativamente poco a armar su SNAP (Sistema Nacional de Áreas Protegidas), recién tuvimos la ley en el año 2000 y se reglamentó en 2005. Otro motivo es que el país prácticamente no tiene tierras públicas. La alternativa sería negociar con los privados para designar nuevas áreas de protección», puntualizó el catedrático.
UN SECTOR CONSERVACIONISTA
Juan Pablo Nebel sostuvo que «la suerte de los bosques nativos en Uruguay depende de la voluntad del propietario; si es un productor conservacionista o no. La tierra vale mucho y se trata de maximizar su uso en detrimento de los bosques. Pero en Uruguay hay límites. En ese sentido, las empresas forestales son las más conservacionistas. Aquellas que compraron tierras con bosques nativos destinaron esas áreas no a producción sino a conservación, entonces hoy tienen su propio sistema de áreas naturales protegidas. No hay ninguna que haya pensado en cómo sacar madera o producir más a costa de un bosque nativo».
En la misma línea, el integrante de la organización uruguaya Biota, dedicada a la investigación y gestión de la biodiversidad, Santiago Carreira dijo a Forestal que es preciso comprender que la conservación es parte «del negocio y no un extra que está de moda. La gran mayoría de las empresas forestales con las cuales hemos trabajado aplican medidas que procuran prevenir acciones que perjudiquen a los bosques nativos. Entre ellas la prohibición de caza es una de las más visibles. Las empresas que certifican bajo FSC deben también atender a sus principios, dentro de los que se encuentran contemplados especialmente todos los aspectos legales y ambientales».
El Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias fue contratado por la empresa Montes del Plata con el propósito de relevar sus terrenos e identificar los sitios de prioridad para la conservación. «Al sector forestal le interesa obtener la certificación de la norma FSC, y la misma exige contar con una red de áreas de conservación dentro de los predios que llegue al 10%. Por eso, es importante que el sector público busque un aliado en las empresas privadas que están llevando adelante estos trabajos», señaló Brazeiro.
Para Carreira, el principal desafío que tiene el país por delante en materia de gestión medioambiental es la «integración de las actividades de conservación entre distintas actividades productivas. La mayoría de las empresas forestales con las que hemos trabajado están haciendo las cosas lo mejor posible en materia ambiental, pero ¿qué pasa en el predio de al lado? Otras actividades no han sido observadas con tanto detalle y no siguen estándares como el FSC. Se nos plantea la interrogante de cómo es posible organizar y aplicar un sistema a nivel de país, que establezca una estructura que responda a la conservación del medioambiente conectando las diferentes actividades productivas y los impactos que estas provocan, para minimizarlos. Creo que el próximo desafío en esta línea de pensamiento es conectar, generar esos corredores biológicos funcionales en la realidad, más allá de la actividad que se desarrolle en un determinado predio».
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