El valor del carbono
Capturar carbono ya no es solo un beneficio ambiental: también puede generar valor económico. Uruguay impulsa un estándar nacional para desarrollar un mercado con identidad propia y proyección internacional.
Una tonelada de dióxido de carbono no se puede tocar, almacenar en un galpón ni cargar en un camión. Sin embargo, puede comprarse y venderse. En torno a esa unidad invisible se mueve un mercado global que moviliza miles de millones de dólares y se convirtió en una de las principales herramientas para financiar proyectos vinculados a la mitigación del cambio climático.
La lógica es relativamente sencilla: cuando una actividad logra evitar emisiones de gases de efecto invernadero o capturar carbono de la atmósfera puede transformarse en un crédito de carbono. Cada crédito representa el equivalente a una tonelada de dióxido de carbono (CO2e) que fue absorbida o cuya emisión fue evitada. Ese activo intangible puede ser adquirido por empresas que buscan compensar emisiones que todavía no logran reducir.
Uruguay, aunque todavía ocupa un lugar pequeño dentro del mercado mundial, está intentando posicionarse mediante una herramienta inédita: un estándar nacional de carbono desarrollado por la Sociedad de Productores Forestales (SPF) junto al Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), que podría modificar la forma en que el país contabiliza, certifica y comercializa estos activos ambientales.
LA HISTORIA DE UN MERCADO
Aunque la expresión ‘bonos de carbono’ se volvió habitual recién en los últimos años, el origen del mercado se remonta a comienzos de los años noventa. “Ya en esa época, en Costa Rica, se generaron unos certificados que se entregaban a la gente que pagaba para proteger un bosque. La unidad de medida era el carbono”, contextualiza el consultor en cambio climático, Ing. Agr. Agustín Inthamoussu. Desde entonces, distintos acuerdos internacionales impulsaron mecanismos para reducir y compensar emisiones, dando origen al mercado actual de créditos de carbono.
Hoy conviven dos grandes sistemas: los mercados regulados –donde las empresas deben compensar emisiones por obligación legal– y los mercados voluntarios, donde se adquieren créditos como parte de estrategias de sostenibilidad. Uruguay participa principal mente en estos últimos.
A diferencia de Europa o Estados Unidos, donde muchas empresas incorporaron la carbono-neutralidad como parte de su estrategia empresarial, Uruguay prácticamente no tiene demanda interna. Pero eso no significa que el país esté ausente del negocio.
El director ejecutivo de Carbosur, Álvaro Pérez del Castillo, comenta que, como empresa consultora especializada en el rubro, han desarrollado más de veinte proyectos de carbono ‒forestales, eólicos, de biomasa y captura de metano‒. Además, verificaron alrededor de 18 millones de toneladas de CO2. De ese volumen, aproximadamente 14 millones de toneladas fueron comercializadas durante los últimos seis años y el 99% terminó en mercados internacionales, principalmente Estados Unidos, Europa, China y Singapur.
La explicación es sencilla: los compradores están afuera. Empresas europeas o estadounidenses y aerolíneas internacionales buscan compensar emisiones que todavía no logran eliminar mediante inversiones tecnológicas. Los créditos uruguayos forman parte de ese mercado exportador.
Uruguay tiene cerca de 1,2 millones de hectáreas forestadas, pero solo entre 100 y 120 mil cumplen los requisitos internacionales para generar créditos de carbono.
¿QUÉ LUGAR OCUPA LA FORESTACIÓN?
Cuando se habla de carbono, inevitablemente aparece la forestación. La razón es biológica: mientras crecen, los árboles capturan dióxido de carbono de la atmósfera y lo almacenan en su biomasa (tronco, ramas, hojas, raíces). Ese proceso convierte a las plantaciones forestales en uno de los principales mecanismos naturales de remoción de carbono.
Sin embargo, no cualquier bosque puede generar créditos. Los estándares internacionales exigen de mostrar lo que denominan “adicionalidad”, es decir, probar que esa plantación no habría existido sin el ingreso extra proveniente de la venta de créditos de carbono.
Por ese motivo, apenas entre 100.000 y 120.000 hectáreas de los aproximadamente 1,2 millones de hectáreas forestadas que tiene Uruguay lograron ingresar hasta ahora a los mercados voluntarios internacionales.
Para Pérez del Castillo, el potencial del país está lejos de agotarse. Solo las plantaciones forestales uruguayas almacenan alrededor de 250 millones de toneladas de carbono, una cifra que ilustra la magnitud del recurso ambiental que posee Uruguay.
Inthamoussu agrega otro dato: cada año las plantaciones forestales uruguayas capturan entre 10 y 12 millones de toneladas de carbono. El problema es que gran parte de esa captura no puede transformarse en créditos bajo las reglas actuales de los mercados internacionales.
Es precisamente allí donde aparece el proyecto que desarrollan la Sociedad de Productores Fores tales y el LATU para crear un estándar uruguayo de carbono y un registro nacional, con metodologías adaptadas a la realidad local. Esto permitiría incorporar muchas plantaciones hoy excluidas de los mercados voluntarios y reconocer un beneficio ambiental que ya existe.
“Las capturas ocurren igual. Esos gases que se acumulan en la atmósfera nosotros los estamos llevando a la madera. Lo que falta es una forma de reconocer ese servicio ambiental”, sostiene Inthamoussu.
UN REGISTRO QUE VA MÁS ALLÁ
Aunque el sector forestal fue el punto de partida, el proyecto no pretende quedarse allí. La intención es que, una vez operativo, el registro pueda incorporar proyectos de agricultura, ganadería, energías renovables y otras actividades que, dependiendo de sus prácticas, son capaces de reducir emisiones o capturar carbono.
“Eso serviría tanto para el pequeño mercado interno como para potenciar las exportaciones de créditos, generando nuevas oportunidades de negocio para las empresas uruguayas y contribuyendo a que distintos proyectos sean económicamente viables”, dice Pérez del Castillo.
La medida, comenta Inthamoussu, forma parte de una transformación más amplia: “Deberíamos pensar que las finanzas están evolucionando, cada vez más, a finanzas verdes”, afirma. En ese escenario, contar con herramientas que permitan certificar y valorizar los servicios ambientales podría convertirse en una ventaja competitiva para Uruguay.
Ambos especialistas coinciden en que el desafío es ampliar la participación de otros sectores. Inthamoussu, por ejemplo, imagina un mercado donde pequeños productores ganaderos, agricultores o proyectos de silvopastoreo también puedan gene rar unidades de carbono. Por su parte, Pérez del Castillo considera que Uruguay dispone de activos ambientales mucho más amplios que sus bosques: la transformación de la matriz energética, la siembra directa, la ganadería regenerativa y otras prácticas podrían integrarse a un sistema nacional de créditos de carbono respaldado institucionalmente. La expectativa es que el nuevo estándar funcione como una puerta de entrada para todos esos sectores.
Si el cronograma previsto se mantiene, el registro podría quedar operativo durante el próximo año, después de culminar la etapa piloto y los procesos de validación.
PROFUNDIZAR EN EL URUGUAY NATURAL
Para Pérez del Castillo, el nuevo registro también puede convertirse en una oportunidad para resignificar uno de los conceptos que más identifican al país en el exterior.
“Siempre sostuve que el mercado de carbono es una forma de volver tangible el concepto de Uruguay Natural. La marca fue una muy buena idea y logró posicionarse, pero no puede quedarse solamente en la imagen de una playa con una gaviota. Tiene que transformarse en algo concreto, que genere valor y beneficios económicos para el país”, anota.
Más que crear un nuevo mercado, el están dar busca reconocer un valor que ya existe. La captura de carbono ocurre todos los días en bosques, campos y otros sistemas productivos; el desafío ahora es convertir ese servicio ambiental en un activo medible, certificable y comercializable.
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