El futuro no se planta solo
El sector tiene demanda, potencial y espacio para crecer, pero el ritmo de nuevas plantaciones viene cayendo. En la edición anual del Desayuno Forestal, organizado por la Sociedad de Productores Forestales, se presentaron propuestas para que la actividad sume 500.000 hectáreas, y se generó un espacio de disertación e intercambio con autoridades de los ministerios de Economía, Ambiente y Ganadería.
Por Alejandra Pintos
La Ley Forestal está por cumplir 40 años y la historia del sector ya es conocida: la actividad se abrió paso en un país volcado a la producción agrícola ganadera, y hoy representa casi el 6% del PBI, más de 46.000 empleos y una porción central de las exportaciones nacionales. Pero en la edición 2026 del Desayuno Forestal, organizado por la Sociedad de Productores Forestales (SPF) el 1o de setiembre, en el Radisson Montevideo, el tono no fue de balance sino de pregunta abierta sobre lo que viene.
La razón es concreta: buena parte de esas cifras está atada a proyectos de gran escala que no parecen tener una repetición cercana en el horizonte. “Ya las últimas mega inversiones en industria de la madera y celulosa que se desarrollaron en la región no eligieron Uruguay”, resumió durante el panel de autoridades la directora nacional de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Isabella Antonaccio.
Ese diagnóstico había quedado planteado en el Desayuno Forestal del año pasado, cuando el sector se preguntó qué pasaría si Uruguay sumaba 500.000 hectáreas más a la superficie forestada. Para esta edición, la gremial retomó la idea y agregó una segunda pregunta, quizás más relevante, sobre qué se necesita para que eso ocurra. “De ahí surge el título que nos convoca hoy: ‘Decisiones de hoy que marcan el futuro’”, dijo la presidenta de la SPF, Lucía Basso, al inicio del evento.
Basso recordó que forestar en Uruguay fue, en su momento, una apuesta y no una certeza, y que el espíritu por emprender continúa vigente: “El sector forestal uruguayo ya demostró que sabe pensar a largo plazo. Lo hizo en 1987 y lo sigue haciendo hoy, cuando en lugar de conformarse con lo logrado, se pregunta cuánto más puede crecer y cómo hacerlo bien y de forma sostenible”.
ESTADO DE LA CUESTIÓN
Tras las palabras de bienvenida, el vicepresidente de la SPF, Francisco Bonino, realizó la presentación del documento “Por qué y para qué sumar 500.000 hectáreas”. Durante su intervención señaló que la actividad sigue “funcionando en base a lo que plantamos hace muchos años, de alguna forma vivimos en base a glorias pasadas y nos parece que es un momento para mirar lejos y replantearse otra posible forma de encarar los años que vienen”.
Bonino sostuvo que el potencial del sector forestal va mucho más allá que solo el uso de la celulosa y la madera sólida. La madera, ejemplificó, también puede sustituir al grafito en baterías mediante car bono derivado de la lignina, y dar lugar a materiales livianos para la industria aeroespacial y la electrónica. Citó además una proyección de la FAO, según la cual la demanda mundial de madera crecería 49% entre 2020 y 2050, hasta unos 3.100 millones de metros cúbicos, lo que exigiría plantar 33 millones de hectáreas a nivel global e invertir 40.000 millones de dólares anuales. Este impulso se deberá, principalmente, a mayores ingresos en economías emergentes, más construcción en madera, y la sustitución de mate riales no renovables por madera, textiles celulósicos y bioenergía.
Entonces, demanda hay y habrá. En Uruguay, señaló Bonino, el problema no está vinculado a la disponibilidad de suelos, sino al ritmo de plantación. A fines de los años 90 y comienzos de los 2000, durante el boom expansivo de la actividad, se plantaban entre 50.000 y 60.00 hectáreas nuevas de forma anual. En el 2023, sin embargo, apenas se plantaron 25.000; y el número en el 2025 fue cercano a las 12.000.
La tasa de nuevas forestaciones refleja ese enlentecimiento: entre 2021 y 2023 la superficie forestada creció a un ritmo de apenas 2,2% anual, por debajo del 2,7% anual que el sector sostuvo en las dos décadas previas, según cifras de la Dirección General Forestal (DGF) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MGAP). A esto se suma que el 80% de los proyectos actuales de plantación corresponden a reforestaciones y no a nuevas áreas. De mantenerse esa tendencia, duplicar el área forestal del país llevaría un siglo.
Sumar las 500.000 hectáreas que plantea el sector, en cambio, podría aportar 2,5 puntos de PBI, 18.600 empleos y 1.300 millones de dólares en exportaciones.
TRES EJES PARA CRECER
Para destrabar ese crecimiento, Bonino propuso trabajar sobre tres ejes. El primero se enfocó en el marco regulatorio, con el objetivo de pasar de un esquema de “solicitar y esperar” a uno de “notificar y cumplir”, inspirado en Nueva Zelanda. En él, se busca la clasificación de proyectos por riesgo, notificaciones digitales, aprobación automática ante el vencimiento de plazos sin observaciones y una ventanilla única que ordene los trámites entre organismos nacionales y departamentales.
El segundo eje abordó la logística, la infraestructura y la energía. El foco está puesto en habilitar más corredores para bitrenes y tritrenes; conectar por ferrocarril el norte y el noreste del país con el Puerto de Montevideo; garantizar condiciones portuarias competitivas; y revisar tarifas eléctricas.
Finalmente, el tercer eje trató sobre industria y mercados, y estuvo orientado a identificar nuevos proyectos industriales que aprovechen madera fina y diámetros menores, la producción de tableros y bio masa, y la reactivación de la construcción en madera.
Bonino remarcó, además, que el crecimiento de la superficie forestal planteado no es un fin en sí mismo, sino una condición para sostener una cadena de valor que hoy depende en gran medida de las plantas de celulosa instaladas en la última década. Sin nuevas hectáreas, advirtió, el sector corre el riesgo de administrar lo ya plantado en lugar de proyectar nueva industria.
VENTANILLA ÚNICA COMO VISIÓN COMPARTIDA
El panel de autoridades que siguió a la presentación de la gremial fue moderado por el periodista Diego Barnabé y reunió al director general forestal del MGAP, Gastón Martínez; la directora nacional de inversiones del MEF, Isabella Antonaccio; el subsecretario del Ministerio de Ambiente, Oscar Caputi; y el directivo de la SPF, Álvaro Molinari. Con matices, los cuatro coincidieron en algunos conceptos como digitalización de los procesos, ventanilla única y competitividad.
Martínez contó que la Dirección Forestal trabaja, con vistas a noviembre, en pasar a formato digital las 6.000 carpetas en papel que hoy contienen la información de los proyectos forestales del país, un primer paso hacia la ventanilla única que reclama el sector. Aunque aclaró que ese trabajo no puede quedar acotado a un solo ministerio, “tiene que conectar con las 19 intendencias, con Ambiente, con Industria, con Trabajo”.
Antonaccio llevó la misma idea a otro terreno. Detalló que la Ventanilla Única de Inversiones, hermana de la que ya existe para comercio exterior, empieza este año a incorporar los primeros “procesos orquestadores”, con financiamiento del BID. Este mecanismo integrará trámites en los que participan varias dependencias del Estado ‒las habilitaciones forestales entre ellas‒ y que hoy se resuelven a fuerza de coordinación manual entre oficinas que no siempre se hablan entre sí.
Pero la digitalización, advirtieron varios, es una respuesta parcial a un problema más de fondo, la competitividad del país. La funcionaria del MEF fue la más explícita. Recordó que las últimas mega inversiones forestales de la región no eligieron a Uruguay y que ese resultado tiene que ver con los costos, con ser un país chico, y también, dijo, con no querer ser barato a cualquier precio. Ahí ubicó dos capítulos pendientes, logística y energía, que quedaron deliberadamente fuera de la Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida por requerir, según indicó, un tratamiento propio.
En logística se mencionaron como desafíos concretos el estado del puerto y la falta de corredores para bitrenes y tritrenes; en energía, la necesidad de revisar tarifas eléctricas para acompañar las nuevas inversiones electrointensivas que le van llegando al país.
Este eje de análisis abordó otra de las complejidades que enfrenta el sector: las asimetrías que, en ocasiones, existen entre algunas normas departamentales y la legislación nacional. Al respecto, Antonaccio precisó que el Poder Ejecutivo no puede intervenir en una norma de una intendencia porque la Constitución no se lo permite. La vía de acción prevista, añadió, es generar ámbitos de coordinación entre el Congreso de Intendentes y el Poder Ejecutivo, algo que ya quedó plasmado en la Ley de Competitividad.
INTERCAMBIO DE POSTURAS
Una vez habilitado el espacio para recibir preguntas del público, el debate se centró en las autorizaciones de carácter ambiental para las plantaciones forestales. Preguntado por las incertidumbres y plazos contemplados en este aspecto, el subsecretario Caputi comentó que “un trámite categorizado A [con impacto ambiental negativo mínimo o nulo] sale en menos de un mes”. Esa respuesta propició un intercambio de opiniones entre asistentes y panelistas.
Parte de ese diálogo se centró en el hecho de que, a fines de agosto, el Ministerio de Ambiente derogó el decreto 3/025, aprobado al cierre de la administración anterior, que precisaba criterios y ajustaba procesos para una evaluación más ágil en proyectos de más de 100 hectáreas. En su lugar rige ahora el decreto 179/026, que restaura el esquema del decreto 405/021 con ajustes, acompañado de dos resoluciones sobre ciclos forestales y criterios de compensación. Caputi presentó el cambio como fruto de un año de discusión con la SPF, que da garantías sobre cómo se van a evaluar los proyectos y permite compensar plantaciones fuera de suelos de prioridad forestal con restauración de monte nativo, sin necesidad de que sea en el mismo padrón.
La explicación planteó ciertos interrogantes entre los asistentes. El directivo de la SPF y productor Alberto Rodríguez, con más de tres décadas en el sector, tomó la palabra y ejemplificó la falta de previsibilidad con un caso concreto: un proyecto de apenas 70 hectáreas en Rocha en el que ‒“sin que exista ninguna reglamentación escrita”, dijo‒ se le exigió compensar con 30 hectáreas de campo natural por fuera de su padrón. El argumento recibido fue que el departamento ya tenía comprometida más de la mitad de esa categoría de suelo. “Nadie le exige lo mismo”, apuntó, “a quien siembra soja o arroz en la misma zona”. Para Rodríguez justamente allí está “el trancazo para el desarrollo”: el hecho de que un inversor compre un campo sin saber con qué requisitos se encontrará cuando presente su proyecto productivo.
La gremial propuso tres ejes de acción para impulsar el crecimiento del área forestal: marco regulatorio, logística, infraestructura y energía, y desarrollo industrial y mercados.
El directivo de la SPF, Ing. Agr. Nelson Ledesma, también participó del debate y cuestionó que se exija autorización para replantar en suelos que ya fueron forestados legalmente, sin cambio de uso de por medio. Detrás de esa exigencia, sostuvo, “hay un prejuicio hacia el sector forestal” que no se traduce en controles equivalentes para el resto del agro, y una adhesión del Uruguay a compromisos internacionales de conservación ‒como llevar a 15% el área protegida del país‒ que se asumieron sin medir del todo su impacto productivo.
La directora nacional de inversiones del MEF respondió apelando a la convivencia institucional. Que haya visiones distintas entre ministerios, comentó Antonaccio, no es una anomalía sino parte de cualquier gobierno, y saber navegarlas es parte de la gestión. Desde la gremial, Álvaro Molinari insistió en que las propuestas de la SPF no se centran en pedir menos regulación, sino reglas claras, previsibles y no discrecionales.
El panel cerró con una nota puesta en el futuro. Desde la DGF, Martínez habló de la próxima generación, de pensar qué Estado más eficiente se le va a dejar a quien continúe en su lugar, y coincidió con Antonaccio en que ese proceso recién empieza.
El encuentro concluyó dejando sobre la mesa diversos puntos de vista planteados durante la mañana, aunque con un diagnóstico compartido: el crecimiento del sector forestal uruguayo ‒tan atado a la estabilidad regulatoria de las últimas cuatro décadas, a pesar de haber sumado más de 30 decretos y leyes en ese período, según apuntó Bonino‒ depende, ahora, de decisiones concretas en materia ambiental, logística y coordinativa entre organismos.
Basso lo había anticipado al abrir la jornada, cuando formuló el título del Desayuno Forestal como una pregunta de fondo: qué se necesita para que esas 500.000 hectáreas dejen de ser una posibilidad en el papel. “Depende de las decisiones que tomemos entre todos si lo recorremos o si se queda guardado en un cajón”, dijo.
