Bonos verdes: cuando lo ambiental toma un valor económico
El gobierno uruguayo se posicionó a la vanguardia mundial al emitir un innovador título de deuda pública para obtener financiamiento atado a dos metas ambientales: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y conservar el área de bosque nativo. En el cumplimiento de ambos indicadores el sector forestal desempeña un papel clave. ¿Por qué?
A los ojos del gobierno, en octubre de 2022 Uruguay logró un hito internacional al convertirse en el primer país del mundo que emitió un bono soberano ligado al cumplimiento de dos compromisos de sostenibilidad ambiental. ¿Qué significa esto? Que la tasa de interés a pagar variará en función del desempeño que realice Uruguay respecto a ambos objetivos: si los cumple, la tasa se mantendrá estable; y si los incumple o ‘sobrecumple’, el interés se verá incrementado o reducido, respectivamente.
Pero empecemos por el principio. El 20 de octubre de 2022, Uruguay emitió por primera vez el Bono Indexado a Indicadores de Cambio Climático (Biicc). Esto con el fin de alinear la estrategia de financiamiento público a los compromisos ambientales que el país asumió en 2017, en su primera Contribución Determinada a nivel Nacional (CDN) al Acuerdo de París, marco donde se establecen medidas para la reducción de gases de efecto invernadero (GEI).
Para el diseño del Biicc trabajaron en forma coordinada diversas dependencias del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Ambiente (MA) y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), en el marco del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático (Snrcc), detalla el Anuario Opypa 2022, elaborado por la Oficina de Programación y Política Agropecuaria. Esta labor interministerial se articuló a través de un nuevo grupo técnico dentro del Snrcc, llamado Grupo Biicc, que elaboró el marco de referencia para la emisión del instrumento financiero y eligió los dos indicadores de sostenibilidad asociados.
Estos son: por un lado, lograr una reducción del 50% en la intensidad de GEI (expresado en CO2 equivalente por unidad de PBI real) en el año 2025 respecto a 1990, y por otro, conservar el 100% del área de bosque nativo para 2025 respecto al 2012.
“La estrategia es migrar de un tipo de deuda pública a otro, con otros indicadores, no solo los macroeconómicos sino también los ambientales, que forman parte de una agenda de Naciones Unidas para reducir los gases de efecto invernadero. Lo que hizo Uruguay es innovador a nivel mundial”, manifiesta el titular de la Dirección General Forestal (DGF) del MGAP, Carlos Faroppa. Este destaca, además, la buena respuesta que tuvo el bono (con vencimiento en octubre de 2034) por parte de los mercados financieros internacionales.
En su primera emisión, el gobierno obtuvo 1.499 millones de dólares. Pero el 6 de noviembre pasado, luego de anunciar la reapertura del bono, sumó otros 700 millones de dólares, por lo que el tamaño del título ascendió, en total, a 2.199 millones. En ambos casos, la demanda de los inversores triplicó la oferta, respaldo que fue catalogado por la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, como una muestra de “la fortaleza institucional del país y la credibilidad de las políticas públicas, valorada de manera positiva dentro y fuera de fronteras”.
EL ROL FORESTAL
¿Qué papel juegan los bosques, tanto nativos como productivos, en el cumplimiento de las metas ambientales atadas al bono? En el primer indicador (reducción de los GEI) comparte la incidencia con otros sectores que emiten gases de efecto invernadero como el energético, el industrial, el agropecuario y el de transporte, entre otros. Pero en el segundo, en la conservación del bosque nativo, tiene una influencia directa, casi de exclusividad. Y aquí la gestión desarrollada por la Dirección General Forestal desde hace más de 50 años, al amparo de las leyes forestales promulgadas en los años 1968 y 1987, juega un rol de vital importancia.
La legislación es bien clara: “Si usted registra su bosque nativo en la DGF obtiene exoneraciones impositivas como el impuesto a la renta, la contribución inmobiliaria, etcétera. Pero tiene obligaciones: si quiere cortar algo para armar un pequeño silvopastoreo o limpiar el bosque, por ejemplo, debe notificarlo a la dirección para su aprobación. En caso contrario, será sancionado. Es decir que Uruguay cumple con los beneficios, pero también cumple con el castigo”, explica Faroppa.
Más allá de esto, existe cada vez más conciencia sobre los beneficios ecosistémicos que brinda el monte. “La mayoría de los productores lo valora, lo conserva y lo protege”, aseguran tanto Faroppa como el asesor de la Dirección Forestal, Leonardo Boragno; y esto no es un detalle menor teniendo en cuenta que el 98% del bosque nativo se encuentra en manos de productores privados. No obstante, reforzar esa conciencia con campañas de comunicación y sensibilización, como las que se realizan en escuelas y en zonas rurales, nunca está de más.
Uruguay comprometió la tasa de interés de sus bonos a dos metas ambientales. La primera es lograr, en el año 2025, una reducción del 50% en la intensidad de gases de efecto invernadero con respecto a las emisiones de 1990. La segunda es conservar el 100% del área de bosque nativo para 2025 respecto al 2012.
Es que conservar el bosque nativo “ya escaló a otro nivel”, coinciden desde la DGF. ¿Por qué? Porque a partir del 1 de enero de 2025, la Unión Europea solo permitirá la importación y comercialización de productos provenientes de predios libres de deforestación. En la lista de productos contemplados se encuentran, entre otros, la madera, el ganado, la soja y la carne vacuna. Lo positivo es que el sector forestal lleva todas las de ganar ya que, al estar certificada más del 90% de la producción maderera nacional, se asegura la no deforestación y la continuidad de la exportación al mercado europeo.
Por todo esto, entre otras reglamentaciones, Uruguay está en condiciones de mantener el 100% de la superficie de bosque nativo, es decir, las 849 mil hectáreas tomadas como base del 2012. “El bosque nativo viene creciendo en Uruguay desde que comenzó a monitorearse. La primera carta forestal se realizó entre 1979 y 1980, con imágenes aéreas tomadas de 1966 a 1969, y sirvió como base para la primera cartografía nacional”, precisa Boragno. Aunque es cierto que este “no crecerá eternamente en el tiempo ya que Uruguay no es un país de bosque sino de pradera”, advierte Boragno, sí podrá lograr la segunda meta asociada al bono soberano.
Por su parte, cumplir el primer indicador resulta algo más ambicioso y exigente. Y como dijimos algunos párrafos arriba, depende del sector forestal en un porcentaje menor que el segundo compromiso, ya que las emisiones de gases de efecto invernadero se deben mayormente al uso intensivo de combustibles fósiles en las actividades industriales, la ganadería, la agricultura y el transporte, por lo que ese indicador abarca más allá de la competencia de la Dirección Forestal.
No obstante, es sabido que las plantas y los árboles absorben dióxido de carbono (CO2 ), y lo almacenan, retirándolo de la atmósfera. Por lo que toda política que estimule el crecimiento de la forestación, y que desaliente la deforestación, contribuye al objetivo para cumplir con la primera meta. En esta línea, y desde la parte que le corresponde, Faroppa hace referencia a estrategias trazadas por la DGF en vías de reducir la emisión de gases de efecto invernadero.
La promoción de los sistemas silvopastoriles –en los cuales conviven plantaciones, ganado y pasturas armónicamente– es una de ellas, debido a que los predios ganaderos bajo este tipo de producción tienen gran potencial para retener CO2 . Con la creación, este 2023, de la Sociedad Uruguaya de Silvopastoreo (SUSilvo), la DGF estudia distintas formas de exoneraciones u otros beneficios para estimular el desarrollo de estos sistemas, que actualmente ocupan entre 10 mil y 12 mil hectáreas en Uruguay.
Faroppa además mencionó otras acciones tales como la apuesta a la bioeconomía (cuya premisa radica en sustituir los recursos fósiles por naturales para la provisión de bienes y servicios); el trabajo del Centro Tecnológico Maderero Forestal en Tacuarembó, y el desarrollo de las construcciones edilicias en madera, que tienden a disminuir la huella de carbono y, de este modo, combatir el cambio climático. “Estamos promoviendo la construcción en madera. Con la creación de la Comisión Honoraria de la Madera salieron guías y formas constructivas que no existían para poder utilizar este material”, dijo el director general forestal.
CALCULADORA EN MANO
Si Uruguay cumple los objetivos ambientales establecidos, la tasa de interés se mantendrá. Por el contrario, si incumple se genera el llamado step up; es decir, el país debe pagar una mayor tasa de interés a los inversores. En tanto, si ‘sobrecumple’, Uruguay se beneficiará con una disminución de la tasa (step down). Esto último sucedería si el país alcanzara una reducción mayor al 52% en la intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990 (o sea, una baja de dos puntos porcentuales adicionales en relación con el año de referencia); o si lograra un incremento de tres puntos porcentuales del área de bosque nativo en comparación con el año de referencia, o sea, un 103% del área que existía en 2012. La evaluación de estos indicadores se realizará en octubre de 2027.
Así, Uruguay busca posicionarse como un país modelo en el camino de la sustentabilidad, aunque indefectiblemente se enfrenta a un dilema: salir victorioso de esta innovadora apuesta o poner en riesgo la marca país. El tiempo lo dirá.
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