Normativa nueva en el horizonte
El 30 de diciembre de este año, la Unión Europea comenzará a aplicar una normativa por la que no permitirá la importación de productos que hayan provocado deforestación o degradación forestal durante su producción. ¿En qué posición está la industria forestal nacional ante esta nueva exigencia y cómo trabaja el resto del sector agroexportador en Uruguay para hacerle frente?
Por Jorge Costigliolo
Un poco de historia: el 6 de diciembre de 2022, la Unión Europea (UE) acordó una normativa para combatir la deforestación y degradación de bosques a escala global impulsadas por el consumo y la producción del bloque. En mayo del año siguiente se aprobó el nuevo reglamento, que comenzará a regir este 30 de diciembre y que regula la comercialización de varios productos, entre los que aparecen el ganado bovino, la soja, la madera y sus derivados.
Esta normativa implica que solo podrán ingresar a la UE productos “que estén libres de deforestación y degradación forestal, hayan sido producidos de conformidad con la legislación del país de producción y estén amparados por una declaración de debida diligencia”, que incluya la recopilación de la información, los datos y los documentos y las medidas de evaluación y reducción del riesgo.
¿En qué posición está la industria forestal uruguaya ante esta nueva exigencia? ¿Cómo trabaja el resto del sector agroexportador de nuestro país al respecto? Pues bien, mientras esto ocurría en Europa, el programa AL-INVEST Verde, financiado por la UE, comenzó a asesorar a la Dirección General Forestal (DGF) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) para promover un sistema de certificación público que garantizara el manejo sostenible de los bosques nativos. Este asesoramiento recayó en el Centro de Investigaciones Aplicadas al Desarrollo Agroforestal (IDAF), que elaboró un ambicioso plan piloto a realizar en muy poco tiempo.
UN PASO ADELANTE
“En Uruguay hay un conjunto de políticas en torno a la conservación y el manejo del bosque nativo que ha permitido que el país pueda intensificar su producción agropecuaria al mismo tiempo que conserva sus recursos naturales”, explica el 17 17 director de la División de Gestión de Bosques del MGAP, Joaquín Garrido. Con esta consultoría, agrega, lo que la DGF buscó fue “armar una certificación de bosque nativo, independientemente de la normativa de la UE. Nuestra intención era tener una certificación de buen manejo de bosque nativo antes de que se lanzara la normativa europea”.
La jefa del departamento de Evaluación de Políticas y Nuevos Proyectos de la División de Evaluación e Información del MGAP, María Emilia Arriaga, apunta que, “ya que los tratamientos de bosque nativo son costosos”, se requería “una certificación que permitiera costear todos esos tratamientos”. Paralelamente a esa instancia surgió la nueva normativa europea que “tocaba muchos puntos” de la intención de la DGF. El cambio de reglas “genera una barrera al comercio, pero nosotros ya estamos avanzados en ese camino”, explica Arriaga.
En el caso del sector forestal, muchos de los están dares que ahora requerirá el mercado europeo no solo ya se cumplen, sino que se sobrepasan. Esto debido a que en Uruguay más del 90% del área plantada está certificada a través de los sellos Forest Stewardship Council (FSC) y Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC). Ambos exigen los más altos estándares de manejo forestal sostenible a nivel mundial.
Gracias a estas prácticas que constituyen parte del ADN del sector forestal uruguayo, la actividad se encuentra bien plantada para hacerle frente a la nueva normativa europea. “Uruguay tiene avanzado el tema de la trazabilidad, que las plantaciones forestales tengan su certificación, que existan planes de manejo de suelos”, detalla Arriaga.
TODOS LOS DATOS EN UN MISMO LUGAR
En lo que a la consultoría contratada por la DGF se refiere, desde España el director de operaciones de IDAF, Rodrigo Arthus, cuenta que la intención era “generar un plan piloto, un test”. Este comenzó en la zona de Paysandú, en el litoral oeste del país, y “ha generado interés” por parte de los productores. Arthus añade que habrá que ver si, una vez finalizada esta etapa de la consultoría en mayo de este año, hay voluntad de “seguir para adelante”.
Por su experiencia, dice que “Uruguay está muy bien parado con respecto a terceros países. Hemos trabajado con Chile, Bolivia, Paraguay, y Uruguay tiene muchos deberes hechos. Eso es muy importante porque hace el trabajo más fácil. Una de las principales etapas de este proyecto fue hacer un diagnóstico general de Uruguay y hubo mucho interés, tanto del sector público como del sector privado. En las dos partes, el país tiene muchos avances. No creemos, a grandes rasgos, que le sea muy difícil hacer los deberes. Sin duda habrá que hacer cambios; hemos visto algunas cosas peor que otras, pero en general nos ha dejado buen sabor de boca”.
Lo que el programa pretende, en primera instancia, es una tarea tan sencilla en la idea como complicada en la práctica: unificar bases de datos. Para ello, señala Garrido, el proyecto con la UE sentará los antecedentes de cómo elaborar un documento de diligencia y lograr hacer una exportación con todo lo necesario.
La FAO calcula que 420 millones de hectáreas de bosques, una superficie mayor que la de la Unión Europea, pasaron a utilizarse para fines agrícolas entre 1990 y 2020.
Además, el MGAP junto con otras unidades ejecutoras, “están unificando las bases de datos de los distintos rubros que son afectados para poder brindarle al productor una herramienta que permita que toda la parte de campo pueda estar cubierta cuando esto empiece a estar vigente. Después, la industria tendrá que ver cómo acomoda toda la trazabilidad”.
Arriaga acota que hay sectores que están mejor preparados que otros. El sector forestal, por ejemplo, ya tiene territorio ganado pues cuenta con experiencia gracias a sus propias normativas. “En ese sentido están un poco más tranquilos que un productor ganadero, o un sojero, que tiene que empezar a planificar mejor”.
Para Arthus, “Uruguay tiene mucha cosa por separado que funciona bien”, como los permisos que otorga la DGF y los sistemas de trazabilidad. El desafío, ahora, es llevar todos esos componentes a una unidad. “Los productores nos dicen que muchas veces tienen que presentar el mismo papel en cuatro oficinas diferentes para conseguir una habilitación, y en las cuatro les dicen cosas distintas”.
UN SEMÁFORO EN EUROPA
La nueva normativa establecerá un “riesgo país” para los productos que lleguen a la UE, tanto desde fuera como desde dentro de la comunidad. Garrido explica que hay tres categorías: riesgo bajo, medio y alto. En primera instancia, cada exportador deberá enviar la documentación requerida en cada una de sus transacciones y todos los países comenzarán con un nivel de riesgo medio. A partir de allí subirán o bajarán de escalón, en concordancia con el nivel de exigencia.
Arthus marca como un diferencial a favor de Uruguay la existencia de la Ley Forestal, que prohíbe, salvo excepciones, la destrucción del bosque nativo. “Si la legislación de un país prohíbe, o al menos restringe mucho el corte del bosque nativo, está muy bien, porque eso es lo que pretende la Unión Europea en cualquier país”.
Garrido también comenta que “Uruguay tiene ciertas ventajas. Es un país chico, donde la deforestación está muy controlada. Por ese lado venimos bien. Tenemos todos los sistemas de trazabilidad que no todos los países tienen.
Estamos más preparados para lograr que la normativa no sea un sobrecosto. Todo lo que va a Europa va por cuota. No creo que países como Argentina, Brasil y Paraguay no lleguen a cumplir con la cuota que tienen asignada por esta normativa, pero sí les va a dar más trabajo cumplir con los requerimientos y les va a gene rar un mayor costo de producción”, dice. “Va a ser más fácil para nosotros acoplarnos a esta normativa”, agrega, aunque opina que “no cree” que, por este motivo, “vaya a aumentar la cuota que Uruguay le vende a la UE”.
POR EL BUEN CAMINO
Si bien los cambios en las reglas del juego no siempre son bienvenidos, Garrido cree que “el mundo apunta para ese lado” y, aunque el trabajo por delante sea más o menos arduo, no se debe bajar la guardia porque tampoco hay mucho margen de error.
Pese a que es prematuro hacer balances (primero, porque la consultoría sigue en curso y, segundo, porque hay términos de confidencialidad que deben respetarse), Arthus confía en que los resultados serán positivos. “Nos esperábamos cosas que no se podrían conseguir o no se pudieran hacer y nos encontramos con que, gracias al trabajo de todos, están dando buenos resultados”
Pero como toda regla tiene sus excepciones, Arriaga dice que la producción tendrá que “prestar más atención al bosque nativo”. No el sector forestal, que lo tiene incorporado, pero sí otras ramas productivas, y más aún cuando, según Arthus, “la normativa puede cambiar” incluso antes de ponerse en funcionamiento.
“El sector forestal uruguayo tiene avanzado el tema de la trazabilidad, que las plantaciones forestales tengan su certificación, que existan planes de manejo de suelos”. María Emilia Arriaga, MGAP
“Estimamos que en la UE seguirá habiendo modificaciones. Y creemos que, desde Uruguay, habrá que hacer una puesta a punto cada cierto tiempo, para ver qué hay que cambiar, si se sigue con este piloto, si se hace otra cosa”.
En el caso del rubro forestal, como se adelantó, las prácticas propias del sector vinculadas a trazabilidad y manejo de suelos, por ejemplo, le permiten estar un paso por delante que otras actividades agroexportadoras del país. El desafío, subraya Arriaga, viene por otro lado. “Esas políticas están encasilladas en varias partes y habrá que unirlas, nivelarlas. La madera está más avanzada; habrá que llevar al productor ganadero para que llegue a cumplir con las mismas exigencias que ya tiene el sector forestal. Lo mismo para la soja. Nivelar. Estamos bien en algunos sectores, pero habrá que, desde el ministerio, fortalecer el sistema”.
Por supuesto que no es fácil ni gratuito. Cada actor debe asumir su papel y actuar en consecuencia. Arriaga menciona, por ejemplo, problemas logísticos que deberán asumir otras cadenas productivas, como la ganadera o la cerealera, pero destaca que, para el sector forestal, el sendero tiene menos escollos. “La madera ya tiene una cadena de custodia dada por las certificaciones que la pone en un buen lugar, pero los desafíos siempre están”.
Y, si como dice Arthus, hasta el momento se hicieron bien los deberes, el reto para el sector forestal es seguir transitando esa ruta, sin prisa, pero con luz verde.
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