• Miércoles 28 de octubre de 2020

Un paso más

Reforzar elementos normativos a nivel nacional, unificarlos y generar criterios para que los inversores tengan cada vez más certezas sobre dónde y cómo invertir para tener resultados dentro de 10, 15 o 20 años. Abordar con firmeza aspectos que en la fase de crecimiento exponencial del sector eran detalles y hoy empiezan a ser relevantes. Propuestas para seguir avanzando en la consolidación de una institucionalidad que acercó a Uruguay inversiones forestales que modificaron la estructura productiva del país.

En los últimos 25 años, el crecimiento de la industria forestal ha sido constante y las inversiones en el sector han sido millonarias en dólares. Las perspectivas de continuidad en el desarrollo son evidentes, no solamente por la envergadura de las inversiones ya realizadas, sino porque durante 2014 se informó oficialmente sobre la posibilidad de la llegada de más proyectos. En setiembre, el presidente José Mujica realizó una gira oficial en Finlandia, desde donde anunció la posibilidad de la instalación de una tercera planta de celulosa. En noviembre, en tanto, el mandatario volvió a mencionar esa idea y agregó que esa planta se abastecería de madera de la región, no solamente de Uruguay.

Se estima que una vez que Montes del Plata esté operando al máximo, el sector forestal representará el 14% de las exportaciones y 4,5% de PBI de Uruguay.

Es claro que el país ha logrado seducir a importantes inversores del sector forestal en los últimos años, y eso responde tanto a factores naturales como institucionales.

En agosto, el instituto Uruguay XXI emitió el Informe Forestal correspondiente a 2014 sobre la situación actual del sector, que en su primer capítulo responde a la siguiente interrogante: ¿Por qué invertir en el sector forestal en Uruguay?

Si bien el documento enumera las más diversas razones –entre las que también se encuentra la ubicación geográfica y climática de Uruguay, así como varias ventajas socioeconómicas–, se destacan otros aspectos que tienen que ver con factores político institucionales que favorecen la decisión de invertir en el país.

El contador Juan Balparda, jefe de proyecto del Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones de Bienes y Servicios Uruguay XXI, considera que el marco institucional o legal para el país es «muy bueno» y eso está probado en las importantes inversiones recibidas en el sector.

«Es muy importante que la normativa nacional que regula el sector sea clara, precisa, objetiva y estable a lo largo del tiempo, porque las inversiones forestales tienen un plazo de maduración muy largo. Se invierte hoy, para lograr un beneficio o cosechar en 10, 15 o 20 años». Atilio Ligrone. Gerente general de la SPF

Los informes con los que cuenta esta organización destacan, por ejemplo, que de acuerdo a los relevamientos de los principales organismos internacionales, Uruguay ocupa el primer lugar en América Latina en Índice de Democracia, Índice Global de Paz, Baja Corrupción e Índice de Prosperidad (ver cuadro).

En tanto, el Informe Forestal de agosto de 2014 destaca entre los factores institucionales: el sistema democrático consolidado (con la alternancia de los tres principales partidos políticos en el Poder Ejecutivo); la estabilidad social, el clima de negocios favorable, los estímulos fiscales y la «gran» responsabilidad social empresarial. El informe señala también «el compromiso de respeto al clima de negocios y las reglas del juego claras».

REGLAS DE JUEGO CLARAS

Todos estos elementos son conocidos y valorados por los actores del sector, que siguen de cerca la situación normativa e institucional de cara a las posibles nuevas inversiones.

Consultado por Forestal, el gerente general de la Sociedad de Productores Forestales (SPF), Atilio Ligrone, puntualizó algunas características generales que un país debe tener para atraer inversiones de cualquier tipo: estabilidad política y económica, buena infraestructura, y disponibilidad y calidad de mano de obra, además de condiciones de competitividad en el rubro específico de que se trate. En lo que tiene que ver con el sector forestal, Ligrone considera que por su característica de inversión a largo plazo estos factores se hacen «más importantes», sobre todo los que tienen que ver con «la estabilidad de las políticas y normas que regulan la actividad. La normativa debe ser clara, precisa, objetiva y estable en el tiempo, ya que las inversiones forestales tienen un plazo de maduración muy largo. Durante muchos años eso ha sido así, con cambios menores para adecuar la legislación a las nuevas realidades».

cuadro industria 10

En la misma línea argumenta Uruguay XXI entre las razones para invertir en el sector forestal uruguayo. El texto señala que Uruguay «dispone de un marco jurídico estable y propicio para la inversión en el sector forestal», así como también de un Código Nacional de Buenas Prácticas Forestales que atiende los requisitos de la demanda internacional. Este código, aprobado en 2014, fue elaborado por un grupo de trabajo integrado por la Dirección General Forestal, la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social, la Dirección Nacional de Medio Ambiente, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, el Departamento Forestal de la Facultad de Agronomía, la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Uruguay, la Asociación de Empresas Contratistas Forestales del Uruguay y la SPF.

ACOMPAÑAR EL DESARROLLO

El gerente general de la SPF cree que hay que seguir trabajando y profundizando la institucionalidad, para acompasar el avance de la forestación. De las palabras de Ligrone se desprende que el sector ha crecido exponencialmente, y actualmente se encuentra en una etapa del desarrollo en la que empiezan a ser relevantes algunos aspectos que antes podían ser «detalles». «Hay que dar mayor claridad a elementos normativos tanto de orden nacional como departamental, compatibilizarlos y armonizarlos, para que los inversores tengan cada vez más certezas sobre dónde y cómo invertir. No estamos en el techo», afirmó.

El marco jurídico estable y la institucionalidad con reglas de juego claras de Uruguay son ventajas competitivas al momento de atraer inversiones para el sector forestal.

Ligrone recorrió la historia del desarrollo forestal en los últimos años, para señalar cuáles deberían ser las perspectivas de futuro: «Se hizo un esfuerzo muy grande en generar la masa forestal (que hoy ya está en un segundo ciclo), se adquirió un conocimiento altísimo en cuanto a las tecnologías de producción y manejo, la adaptación de especies a sitios, el mejoramiento genético. Se mejoraron la productividad, las prácticas de gestión forestal y su relación con el medioambiente, así como también la capacitación de la mano de obra». La forestación se ha ido integrando en los sistemas de producción agrícola ganadera con importantes beneficios tanto para los productores como para las empresas. Avanzado todo esto, Ligrone cree que «hay capacidad para que el sector siga creciendo», pero es necesario aportar el marco para que ello suceda. La aplicación de nueva normativa en muchos casos reiterativa, las mayores trabas burocráticas, los cambios de criterio al momento de analizar los planes forestales, comienzan a generar obstáculos e incertidumbres que desestimulan la inversión. Estos temas deberían ser tenidos en cuenta y adaptados a fin de contar con un marco claro, sencillo y eficiente de manera que produzca el fin deseado pero que a la vez no sea un factor de desestímulo a la inversión. Todas las mejoras institucionales que el país pueda realizar para seguir acompañando las inversiones son claves también para sostener la competitividad del negocio en la región, de forma tal que sigan destacando a nuestro país sobre el resto.

Observando los países vecinos, Ligrone se detuvo en la situación de Argentina y Brasil. Señaló que si bien Argentina tiene un potencial importante para el desarrollo forestal, tiene una institucionalidad general y en particular en el sector «bastante más débil. Ahí tenemos una ventaja importante», señaló.

La mayoría de la clase política uruguaya coincide en la importancia que tiene el sector forestal para el país y en algunos aspectos mejorables desde la institucionalidad.

En cuanto a Brasil, destacó que se trata de un país muy competitivo, tanto en lo productivo como en la logística y el transporte. Consultado acerca de si es un competidor para Uruguay, relativizó eso desde la siguiente perspectiva: «Ha habido un traslado de la industria del hemisferio norte al sur. Hay ventajas importantes en el sur y esto ha ido generando un corrimiento de inversiones. Tanto Brasil como Uruguay, Chile, los países que estamos en esta latitud, podemos producir en forma más competitiva pero para el mercado mundial». Los niveles de competencia pueden ser importantes, pero al momento de captar las inversiones, Ligrone explicó que las empresas tienen en cuenta la región y luego van decidiendo dónde se radican sus inversiones. Es por ello que los actores del sector creen que hay que fortalecer la institucionalidad, y trabajar próximamente en ello de la mano de los actores sociales y políticos. El gerente general de la SPF es optimista al respecto: «Hay un espacio de diálogo bien interesante, porque cuando uno analiza las posiciones de los distintos sectores políticos de la vida del país hay coincidencias en la importancia del tema forestal y en los aspectos que hay que solucionar. Si todos comparten cuáles son los problemas, seguramente va a ser mucho más sencillo lograr un acuerdo para unificar algunos criterios y que el sector pueda seguir desarrollándose y creciendo como hasta el momento».

INFRAESTRUCTURA, UN PROBLEMA A RESOLVER. Es difícil conversar con actores del sector forestal y que no surja la problemática de infraestructura que enfrenta el país. Atilio Ligrone, gerente general de la SPF, fue claro: «Más allá de que los árboles crezcan fantásticamente, los costos operativos de transporte y logística pueden complicar la viabilidad de un negocio. Los problemas de infraestructura son hoy una debilidad del país. Esto tiene que ver con asuntos institucionales, porque implica decisiones políticas. En este año quedó claro que todos los sectores políticos están de acuerdo en el diagnóstico y en la importancia del tema». Ligrone es optimista en cuanto a la búsqueda de soluciones por parte del sistema político, ya que han encontrado buena disposición al diálogo y coincidencia sobre la necesidad de mejorar y apoyar con importantes inversiones la infraestructura vial. De acuerdo al informe Infraestructura Vial del Uruguay 2015-2020 realizado por los ingenieros Lucio Cáceres y Federico Farinasso, se estima que la inversión necesaria para enfrentar los retos del país asciende a US$ 372 millones, lo cual implica sumar US$ 70 millones anuales a la demanda de reposición y mantenimiento. Si bien estos números han sido discutidos desde el gobierno, todos los actores políticos han coincidido en el último año en la prioridad que esta temática tiene para el crecimiento del país.

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01 diciembre, 2014