Terminar con el país de madera
Mientras vemos cómo se consolida un sector productivo que en 20 años revolucionó al agro uruguayo y convocó fuertes inversiones industriales, la forestación asiste a cambios generales que parecen contradecir el espíritu de aquella ley de desarrollo forestal aprobada en 1987. Impuestos como el ICIR, tasas municipales para mantener caminos viales, tributos nacionales que apuntan a que «el que rompe, paga», golpean a la puerta y disparan una pregunta elemental: ¿se evaluó globalmente la situación del sector forestal? Los problemas de visión que asoman permiten decir a viva voz, gracias al flamante Diccionario Español del Uruguay, que hay que terminar con el país de madera.
Nadie duda de que la Ley 15.939 marcó un antes y un después. Con exoneraciones y subsidios, impulsó el desarrollo de la inversión forestal. Ergo, generó condiciones para un crecimiento exponencial. Así fue que se pasó en 20 años de unas escasas 25.000 / 30.000 a más de 900.000 hectáreas. Las exportaciones, que se ubicaban en el orden de los 13 millones de dólares, pasaron a superar los 1.081 millones.
En 1987, año en que el proyecto se convirtió en ley, todos la vieron. La iniciativa parlamentaria generó discrepancias en el articulado, aunque en términos generales, fue apoyada por todos los partidos políticos. Si bien hay quienes pusieron foco en el valor energético de la madera, otros en el potencial industrializador y algunos en la conservación del medio ambiente, estaba claro que esas hojas en blanco con letras de color negro cambiarían las cosas. Y así fue.
Las tierras ubicadas en zonas rurales que dependían exclusivamente de magras rentas ganaderas se valorizaron fuertemente. Recuerdo con mucha claridad cuando, en medio de la compleja década de los noventa, la consultora Seragro informaba semestre a semestre que la demanda de tierras forestales sostenía el mercado y valorizaba el activo suelo. Y fue en ese contexto que, junto a la tierra, creció la demanda de profesionales y comerciantes.
¿Quién puede dudar de que la forestación iluminó zonas oscuras y acercó demanda de empleo a lugares escondidos del país? ¿Quién puede obviar que con los árboles llegaron complejos industriales de primer nivel? ¿Quién puede argumentar que la expansión del sector no favoreció a la economía del interior del país? ¿Quién esgrime que los subsidios y la renuncia fiscal que hace el Estado, no son/fueron buenos negocios para el Uruguay?
Más acá o más allá de las discusiones generalistas, a mi juicio conviene mirar dos fenómenos antagónicos.
En la película El Baño del Papa, la población de Melo se ve sumida en una gran ilusión. La llegada de miles de brasileños para ver a Juan Pablo II hizo que, como ocurrió en la realidad, muchos arachanes apostaran por la venta de productos y de servicios. La historia es por todos conocida. Desde el punto de vista microeconómico, fue un fiasco para los emprendedores de turno.
Pero en lugares como Tacuarembó, Rivera, Fray Bentos, Durazno, Piedras Coloradas, Paso de la Cruz y Sarandí de Navarro, la realidad superó a la ficción. Ya sea por la instalación de industrias, por el pasaje de un gran número de camiones, por la demanda de alquileres o por el desarrollo de plantaciones nuevas, el paisaje cambió para bien. Esto no quiere decir que todo sea una panacea. Pero significa que, para muchos, la oportunidad de crecer se acercó con la madera.
¿Cómo sigue la historia? Se estima que la superficie implantada ronda el millón de hectáreas, lo que equivale a 5,6% de la superficie total y algo menos de 25% de las 4.150.000 hectáreas definidas como área de «prioridad forestal». ¿Es mucho o poco?
El principal de la Dirección Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, ingeniero agrónomo Pedro Soust, decía en agosto en el Parlamento: «Sabemos que existe preocupación en muchos ámbitos porque se dice que en el Uruguay se está plantando demasiado; no entendemos qué es demasiado. Por el contrario, pensamos que el Uruguay tiene una potencialidad productiva determinada y entre todos veremos cuáles son las posibilidades de desarrollo. En la cadena forestal estamos tratando esos temas y los seguiremos discutiendo; mientras tanto, se van solucionando elementos puntuales que apuntan a aquello que habíamos puesto como lineamiento, es decir, el desarrollo del país y de la forestación».
En este contexto, el funcionario decía: «Empezamos a plantear la discusión general que también incluirá una discusión política, por lo que pensamos que tendremos que visitar a todas las fuerzas políticas y al Parlamento para exponer cómo va el proceso forestal en Uruguay, hacia dónde debemos apuntar y cuáles son los problemas, para luego buscar el consenso para apoyar lo que será la reglamentación de la ley de ordenamiento territorial y medio ambiente que, en definitiva, será la que ordenará la producción del país».
Muy loable. Señaló públicamente que se abriría una discusión entre todos los partidos políticos para definir hacia dónde se iría. Dijo además: «Estamos trabajando en la elaboración de un plan estratégico a largo plazo, que plantearemos en el Consejo Sectorial de la Madera, porque creemos que es fundamental y que va en la dirección a la que siempre se avino. También intentamos profundizar la integración de la ganadería, los colonos y los agricultores familiares con la forestación. Se ha venido trabajando en ello y ahora continuamos hablando con las empresas para ver la posibilidad de que hagan contratos con los pequeños productores a los efectos de integrar la ganadería y producir un efecto sinérgico importante».
En paralelo, sectores del oficialismo, empezando por el presidente José Mujica, planteaban la necesidad de legislar para desincentivar que grandes extensiones de tierras queden en pocas manos. La herramienta elegida fue la tributaria. Así se gestó el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales, conocido como ICIR.
Más acá o más allá del efecto que este inminente impuesto tendrá en la realidad del sector forestal, conviene repasar la historia reciente. Aquí se puede observar que las raíces del sector nacieron con exoneraciones impositivas y subsidios. Al ir creciendo la actividad, se aplicó poda y salieron las subvenciones. Paralelamente llegaron inversiones industriales que permiten pensar en un sector maduro.
Ahora, ¿está claro el efecto que el ICIR tendrá en el sector forestal? ¿Cómo reaccionará el productor para pagarlo? ¿Aumentará su productividad o sacrificará parte del margen de ganancia? El semanario Búsqueda informó, a finales de octubre, que en medio de la discusión parlamentaria del proyecto, Opypa evalúa el impacto que tendrá el impuesto en el agro.
Por otro lado, me permito hacer notar que el país sufre una inflación de ideas tendientes a gravar a troche y moche. Al ICIR, cuyo destino parcial será la distribución de recursos para que las intendencias mantengan caminos secundarios, hay que sumar algunos «aportes» que intendencias como la de Cerro Largo, Lavalleja y Tacuarembó empiezan a recoger con ese mismo fin, y que Rocha ya está implementando hace tiempo.
Pero además, el propio Poder Ejecutivo está embarcado en otro impuesto denominado «rompe-paga». El subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Jerónimo Roca, dijo recientemente en una entrevista que el Poder Ejecutivo trabaja en el diseño de un nuevo impuesto con el que se procura que los productores rurales financien obras de infraestructura en base al uso que hacen de la misma. Explicó que será un impuesto de suma cero en el cual «cada productor aportará en función del uso».
Parece razonable que se apunte a obtener recursos para volcar en mantenimiento de redes viales. ¿Quién se opone al concepto de que el que rompe debe pagar? Lo que no parece entendible es que a más de 20 años de entrada en vigor la ley de promoción forestal se sigan improvisando fuentes de financiamiento para encarar imprescindibles obras de infraestructura. Si habláramos de un temporal, o un granizo, vaya y pase. Pero acá estamos frente a un fenómeno demasiado previsible.
En otro plano, se informó que la Dirección Nacional del MPP realizará un encuentro para analizar la posibilidad de delimitar en qué zonas del país se podrá practicar la forestación y en cuáles no. El dirigente Neri Mutti explicó a Últimas Noticias que se quiere prohibir las plantaciones en buenos suelos.
A todo esto, el Instituto Uruguay XXI continúa promoviendo al sector forestal en el exterior. Al señalar que «la madera producida en las plantaciones de Uruguay es de alta calidad, no solo para la obtención de pulpa de celulosa sino también para la fabricación de productos de madera sólida», avizora que hay más espacio para inversiones en el área industrial.
Dijo Eduardo Galeano en El Libro de los Abrazos: «Si la contradicción es el pulmón de la historia, la paradoja ha de ser, se me ocurre, el espejo que la historia usa para tomarnos el pelo». Agrego yo: ¿no será demasiado? Aquella ley votada en 1987 tuvo la enorme virtud de transformar el Uruguay agropecuario. ¿No sería hora de pensar nuevamente en el Uruguay forestal, estableciendo objetivos de largo plazo para identificar el camino que se quiere transitar? A la luz de la importancia que tiene el sector, sería bueno que la idea de convocar a técnicos de todos los partidos políticos para que piensen en el futuro del sector forestal no cayera en saco roto. Así como se empezó a pensar en una política de Estado con relación a la minería, después de un multicolor desfile de opiniones livianas con relación a Aratirí, sería saludable que se ponga pienso en el sector, sin mirar solo a la tribuna. Por todo esto, va lo del título. Hay que terminar con el país de madera.
Así lo veo yo.
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