• Jueves 14 de diciembre de 2017

La redistribución como camino

Por Margarita Héguy

La producción y la industria forestal de Rivera hacen que el departamento ocupe el primer lugar en el uso de la caminería rural de Uruguay. Según una evaluación reciente, más del 50% de los 3.000 kilómetros de caminos riverenses se encuentran en regular o mal estado. Sobre las responsabilidades de los gobiernos nacional y departamental, el rol de las empresas privadas y la situación actual que dista de ser óptima para la producción, Forestal dialogó con el intendente de Rivera, Marne Osorio Lima.

– ¿Cuánto es el presupuesto anual departamental destinado a la caminería rural? ¿Es suficiente?

–Actualmente se cuenta con 60 millones de pesos al año para la caminería rural. Desde nuestra óptica, es la mitad del presupuesto necesario para poder encarar un modelo de gestión que no se limite al mantenimiento del pavimento de tosca, sino que incluya también la transformación de algunos de los caminos en pavimentos con otra durabilidad. Esta transformación requiere de una mayor inversión inicial, pero a mediano y largo plazo resulta más económico.

Hemos planteado al gobierno nacional que en el caso de Rivera se necesitarían unos 120 millones de pesos al año para poder llevar adelante este proyecto.

–¿La intendencia cuenta con un plan estratégico para la situación actual en que los recursos resultan insuficientes?

–Se trata de mejorar la eficiencia. Hoy tenemos un sistema de atención de la caminería que es mixto. Parte de las intervenciones se hacen por administración, con funcionarios. Tenemos un régimen operativo donde contratamos funcionarios a término por seis meses. Y por otro lado, contamos con un modelo de gestión con funcionarios permanentes, sobre todo quienes están a cargo del manejo del equipamiento, maquinaria rural. Además contamos con un modelo de contratación a través de licitaciones.

Con este sistema se está logrando generaruna intervención bien interesante, con un horario ampliado de 7:00 hs a 18:00 hs de lunes a viernes, que en época estival se incrementa trabajando los sábados también.

Estamos en un proceso de recambio de maquinaria permanente. Está en curso la adquisición de maquinarias especializadas para caminería rural por un valor de 1,2 millones de dólares, que serán pagados a lo largo de estos cinco años de administración. Esta maquinaria nos permitirá tener mayor capacidad de arranque y de carga, que son los elementos que nos hacen más eficientes.

–¿Cómo podrían mejorar los estímulos a la inversión vial?

–En el esquema actual, es muy difícil que al inversor privado le cierre la ecuación económica. Porque el Estado no tiene condiciones de generar un pago con las actuales reglas de juego. Y creemos que incrementarle al privado tampoco es correcto, porque hoy ya hay una sobrecarga tributaria que en algunos casos incluso compromete la competitividad. Por lo que es muy difícil pensar en una asociación público-privada en el esquema actual para atender la caminería rural.

–¿Cuál es el rol del gobierno nacional en caminería rural?

–El rol está en asignarle más recursos. Hoy los recursos que se destinan del presupuesto nacional para atender la caminería rural del país son irrisorios, ínfimos. La producción tributa IRAE, IVA y otros impuestos, que deberían volver con mayor magnitud al territorio para ejecutar caminería rural. No esperamos que vuelva a la intendencia, lo importante es que se vuelque a la caminería rural.

“Un país donde la producción y la industria forestal tienen tal magnitud como el nuestro se merece que, por la vía que sea, haya una inversión en consonancia con la necesidad de esa producción.”

Además, la contribución inmobiliaria rural es absolutamente insuficiente, porque con eso no solamente atendemos las políticas de mantenimiento de caminería rural, sino también la salud, el medio rural, todas las políticas en materia de desarrollo, apoyo a la producción, maquinaria agrícola, capacitación, etcétera.

–En el último presupuesto, acordado en 2015 y que se comenzó a aplicar en 2016, se otorgaron fondos por 500 millones de pesos anuales destinados al mantenimiento de la red existente, y otros 450 millones de pesos para obras extraordinarias. ¿Representó un aumento de recursos?

–No, son los mismos recursos que había en el período pasado, solo le han cambiado el nombre. En 2013 se votó la ley que determinó la aplicación del impuesto de patrimonio a los inmuebles rurales. De la recaudación por ese concepto, el 90% iría para la caminería rural y el 10% restante para la UTEC, la Universidad Tecnológica. Cuando empezó la presente administración dijo “no”, y dispuso que la recaudación del impuesto pase a Rentas Generales. Nos dijeron que igual nos iban a dar el mismo dinero que el período anterior, que ya era insuficiente. Con el componente adicional de que para acceder a ese recurso, los gobiernos departamentales tenían que poner una contraparte de un 30% mínimo. En realidad, el dinero que aporta Rentas Generales a través de este fondo de caminería rural es exactamente el mismo que el período pasado, e incluso un poco menos, porque el sistema de ajustes es diferente.

Así ha habido una merma constante en la capacidad de obra de los departamentos que tenemos un desarrollo forestal importante como Rivera, que hoy tiene alrededor de 200 mil hectáreas forestadas.

“Hay una sobrecarga tributaria [sobre las empresas productivas] que en algunos casos incluso compromete la competitividad.”

–El año pasado, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto hizo un convenio –que incluye un préstamo de 375 millones de dólares y cooperación técnica– con el Banco Interamericano de Desarrollo con el fin de confeccionar planes individuales de caminería para cada intendencia departamental del país [Forestal N°16, pp. 36-41].  ¿En qué está ese convenio?

–En la reunión que mantuvimos los intendentes con el presidente de la República hace poco más de un año, las prioridades 1, 2 y 3 que le planteamos fue la caminería rural. Y el presidente comprometió nuevos recursos. Entonces a partir de allí se comenzó un trabajo de diagnóstico para poder hacer esa solicitud al BID de nuevos recursos y eso está en proceso de implementación. El préstamo aún no se ha ejecutado. Se tratará de una inversión entre 5 y 8 veces mayor que la de mantenimiento en tosca; pero con la salvedad de que no será para caminería rural propiamente dicha, porque va a ser aplicado para acceso a centros poblados o para accesos a determinados ejes de mayor tránsito. El destino de esos recursos tiene un criterio muy preestablecido.

–¿La intendencia podría tomar cartas en el asunto para conseguir créditos propios?

–El tema es que las reglas de juego vigentes en nuestro país no permiten que los gobiernos departamentales se endeuden. El endeudamiento externo solamente lo hace el gobierno nacional. Eso hace que nosotros seamos tomadores de créditos del gobierno nacional. Hoy el camino más lógico para fortalecer la caminería rural tiene que ver con la herramienta de redistribución de los recursos que genera el sector productivo.

“El camino más lógico para fortalecer la caminería rural tiene que ver con la herramienta de redistribución de los recursos que genera el sector productivo.”

–¿Qué quiere decir con la redistribución de recursos obtenidos del sector productivo?

–Hay que poner sobre la mesa el aspecto contributivo de la producción y la industria forestal y el uso que hace de la caminería rural. En el marco de un trabajo reciente, la Dirección General Forestal (DGF) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca hizo un mapeo de la intensidad de uso de la caminería rural en todo el país. De allí surge que Rivera es el departamento número 1, como consecuencia de su desarrollo forestal. Hoy tenemos los montes maduros en pleno proceso de cosecha, e industrias importantes que hay que alimentar con esa producción. No puede ser que nuestro departamento, con esa intensidad de uso, tenga porcentualmente los mismos recursos que otro departamento que no tiene el desarrollo forestal que tenemos nosotros.

–¿Y esto se le ha propuesto al gobierno nacional?

–Sí, se propuso en la Comisión Sectorial de Descentralización [desde donde se asesora al Poder Ejecutivo en asuntos de descentralización] en la que participamos cinco intendentes en representación del Congreso de Intendentes y cinco ministerios. Por ahora no hemos tenido resultados. Además de los actores públicos, creemos que el sector productivo tiene que estar más presente en este tema. Quizás haya que generarle más espacios para que puedan participar y ser más protagonistas en la toma de decisiones.

“Además de los actores públicos, quizá haya que generarle más espacios al sector productivo para que pueda ser más protagonista en la toma de decisiones.”

–Justamente, sobre los actores del sector productivo, ¿cómo es la relación actual con las empresas presentes en el departamento?

–Muy buena. Tratamos de mantener un diálogo muy fluido. Ahora estamos poniendo en práctica una ordenanza que trata de que todos usemos de la mejor forma la caminería rural, preservándola en las ocasiones en que se erosiona más –cuando hay mayor humedad y lluvia– pero sin interferir con el ritmo de la industria, de la producción.

Con las empresas forestales del departamento tenemos una excelente relación. Hemos llegado a hacer convenios en los que ellos aportan material de cantera y camiones para mejorar la capacidad de carga. Incluso hay momentos en los que ellos se hacen cargo del arreglo de determinado caminos.

Evidentemente, las posibilidades que tenemos, tanto ellos como nosotros, distan de las necesidades operativas actuales. Hoy estamos en un momento muy fermental y de mayor elaboración de la estrategia para el uso de la caminería rural. La solución pasa por hacer que retorne un mayor porcentaje de lo que se tributa a atender al propio sector productivo.

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25 septiembre, 2017