• Miércoles 20 de noviembre de 2019

Diecinueve planes de caminería para un país productivo

Por Mauricio Erramuspe

El estado de la caminería rural es decisivo al analizar y decidir una inversión productiva en el interior del país. En Uruguay, en muchas zonas este es un problema permanente que pese a la inversión nacional y departamental no logra alcanzar niveles de eficiencia para el transporte de la producción. Mediante un convenio con el BID, el gobierno nacional busca mejorar la aplicación de los recursos y hacer que esta infraestructura esencial sea más sustentable en el tiempo.

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) suscribieron un acuerdo para lograr que cada intendencia del país tenga un plan para su caminería departamental.

En principio, el acuerdo tiene dos áreas de acción. Una es una línea de crédito –que en un primer tramo es por 75 millones de dólares y luego por 300 millones de dólares– destinada al financiamiento a largo de plazo de las obras de construcción y mantenimiento de la caminería rural.

La otra es de cooperación técnica para establecer los mecanismos, las prioridades y los criterios con que se gastará ese dinero.

La intención del gobierno es dar un marco más técnico a una inversión en caminería que viene creciendo. Es que la presión cada vez más importante que soporta la red vial destinada a la producción en el interior profundo del país hace necesario establecer parámetros que la hagan sustentable en el tiempo.

Hasta ahora

El director de Descentralización e Inversión Pública de la OPP, Pedro Apezteguía, explicó que básicamente los fondos nacionales que el país destina a la caminería se discuten cada cinco años en la Ley de Presupuesto. En el último presupuesto, acordado en 2015 y que se comenzó a aplicar en 2016, se otorgaron fondos por 500 millones de pesos anuales destinados al mantenimiento de la red existente, y otros 450 millones dedicados a obras extraordinarias como modificar alcantarillas, trazado o calidad de los caminos.

“Se ha dado el crecimiento de los fondos que el gobierno nacional viene poniendo para las intendencias desde 2005 a la fecha. Las intendencias sistemáticamente vienen diciendo que para ellas la caminería departamental es una carga muy compleja y difícil de soportar, que los recursos no les permiten mantenerla como cada uno de los intendentes quisiera o promete”, señaló Apezteguía.

Esa evaluación deficitaria en cuanto a los recursos se da aunque desde el gobierno nacional se  sostiene que en los últimos 10 años, si se analiza la evolución de estos fondos, se percibe que han crecido “bien por encima” de lo que lo han hecho el Índice Medio de Costo de la Construcción, el costo de los materiales, el dólar y la producción. “Crecieron más que cualquier cosa con la que se los compare”, afirmó Apezteguía.

No habrá ninguno igual

El incremento de la producción es un factor positivo y necesario para el desarrollo de las distintas zonas del país. Pero ese aspecto positivo tiene su correlato en un aumento de la exigencia sobre los caminos, que además distan mucho de ser homogéneos.

“Los caminos son como son de acuerdo al tránsito que puede circular por ellos”, dijo el director. “Con el correr del tiempo, se tiene que ir ajustando el trazado y la calidad de acuerdo al peso, la cantidad de vehículos y la velocidad. No se puede simplemente modificar la superficie de un camino si no se miran con atención los temas del trazado, del escurrimiento de las aguas. El agua es lo que más rompe o genera las condiciones para que se rompa un camino”, agregó.

Apezteguía explicó que no se puede establecer un mejor material para toda región o zona. A veces será más eficiente la tosca, otra el hormigonado, otra el tratamiento bituminoso. Dependerá de cada terreno y cada exigencia.

Al analizar las obras de caminería, Apezteguía dijo que se debe recurrir a los criterios técnicos que las hagan más eficientes, de acuerdo al peso, la cantidad y la velocidad de los vehículos que se desplacen por esa vía. Además intervienen los aspectos de seguridad. Es muy peligroso que una senda muy sinuosa y estrecha, por ejemplo, tenga una pavimentación que “invite” a la velocidad.

El acuerdo entre OPP y BID se compone de dos áreas: una línea de crédito para el financiamiento a largo de plazo de las obras de construcción y mantenimiento de la caminería rural y una cooperación técnica para establecer criterios del gasto de ese dinero.

El acuerdo con el BID busca potenciar la aplicación de esos criterios técnicos a la hora de definir obras. Y busca hacerlo en cada uno de los 19 departamentos, atendiendo las particularidades de cada uno y la opinión de los pobladores de las distintas zonas.

Caminos diferentes

“Vimos que necesitábamos una forma distinta de aplicar los dineros públicos”, señaló el jerarca de OPP. “Parece imprescindible que, cuando da apoyos, el gobierno nacional conozca para dónde los da y en qué condiciones, que apoye a las intendencias para que puedan avanzar en estos procesos y no implique simplemente ir y volver a tirar un camión de tosca arriba de un camino. Pensarlo de una forma distinta”, agregó.

La línea de crédito que proporcionará el BID será en dos tramos, primero Uruguay recibirá 75 millones de dólares y más adelante 300 millones de dólares más.

Con ese diagnóstico, se establecieron las dos líneas de trabajo que supone el acuerdo con el BID. Los 450 millones de pesos que anualmente se asignan a las obras especiales de caminería, más allá de los otros 500 millones destinados a mantenimiento, se transformarán en un “préstamo BID”. La idea es que exista un marco de regulación contractual de cómo se deben gastar esos dineros, sujetándose a las exigencias que establece el banco multilateral.

“Cuando uno firma un préstamo con el BID no solo acuerda el monto que se otorga, sino también para qué te dan el dinero y en qué condiciones debe gastarse. Nos parecía bueno poder escribir esas condiciones y poder darles un marco de estabilidad que superara un período de gobierno. Porque los caminos no son de izquierda ni de derecha, ni del Frente Amplio ni del Partido Nacional. Son caminos que la gente tiene que utilizar para su vida cotidiana”, explicó Apezteguía.

Así se establecieron las dos líneas de crédito. Los 75 millones de dólares para un primer tramo de obras y los 300 millones restantes destinados a darles perspectiva en el mediano plazo a estos planes de obra.

Vías sostenibles

“Los caminos son socialmente sustentables si se hacen bien”, destacó Apezteguía. Por eso, se acordó Con ese diagnóstico, se establecieron las dos líneas de trabajo que supone el acuerdo con el BID. Los 450 millones de pesos que anualmente se asignan a las obras especiales Los usuarios de los caminos podrán aportar su visión y serán informados de las obras.

La idea es crear equipos técnicos que recorran el país y acuerden planes de acción con las intendencias, con el objetivo de aplicar mejor los recursos y analizar eficientemente en qué aplicarlos.

Una vez finalizado este trabajo, en junio o julio del año 2017 cada intendencia tendrá un programa de caminería que incluirá un inventario de la red vial, las prioridades de acción en ella, qué caminos tienen mayor presión y cuáles son las futuras exigencias que son previsibles.

“Si se instala UPM en el centro del país, en la zona de Paso de los Toros, los caminos de Tacuarembó, Cerro Largo o Durazno van a tener distintas afectaciones que las que tienen hoy”, ejemplificó Apezteguía.

Otro de los objetivos es que ese plan analice cuáles son los mejores materiales para cada obra y qué mantenimiento se le debe hacer a ese camino, según el material utilizado. Es que un camino en buenas condiciones mejora la competitividad, abarata los costos de circulación y reduce los tiempos de traslado. “Eso es dinero”, dijo el jerarca de OPP.

“Los caminos no son de izquierda ni de derecha, ni del Frente Amplio ni del Partido Nacional. Son caminos que la gente tiene que utilizar para su vida cotidiana”. Pedro Apezteguía, OPP.

La participación ciudadana aparece como uno de los puntos importantes establecidos en el acuerdo, tanto para aportar ideas como para ser informada de las obras que se realizarán.

“No se trata de sentar a un ingeniero de la OPP con uno de la intendencia para discutir, hay que ir y discutir con quienes usan el camino: las empresas, los productores, los vecinos. Que estén involucrados, que conozcan las prioridades y los motivos de esas prioridades. Lo peor que le pasa a uno cuando ve obras es no comprender por qué se hacen. A veces se hacen elefantes blancos, obras que no tienen sentido, pero a veces a simple vista no se entiende el sentido de esa obra y lo tiene”, sostuvo el director.

Los equipos que se están formando en la OPP están compuestos por ingenieros, sociólogos, asistentes sociales y economistas. Ese carácter multidisciplinario busca una mirada integral junto con la comunidad. Serán varios equipos que trabajarán en forma coordinada para acelerar los tiempos, ya que la intención es llegar a mediados del próximo año con los 19 planes confeccionados. Luego de que se establezcan los planes, deberán fijarse las prioridades para aplicar los 75 millones de dólares del primer tramo del crédito.

Dentro del acuerdo, se incorpora una dimensión de análisis de eficiencia del gasto en caminería.

A futuro

El acuerdo con el BID también incorpora una dimensión de análisis de la eficiencia en lo que se gasta. “Determinar en qué costos están incurriendo los gobiernos departamentales en caminería. Ahí seguramente puede encontrar oportunidades de mejora, gente que esté gastando mal el dinero, que está gastando por rendimientos muy bajos, maquinaria muy vieja, falta de mantenimiento, distintas alternativas”, explicó el funcionario.

Con esas definiciones, se podrá establecer una especie de protocolo de buenas prácticas tanto para el diseño de las intervenciones como de los materiales y técnicas a utilizar.

“Hay mucho vendedor de humo en los temas de caminería”, señaló Apezteguía.

En tal sentido, se está trabajando con la Facultad de Ingeniería para analizar los materiales que va incorporando la industria, de modo de comprobar su eficiencia según las distintas zonas.

Se confeccionará una guía de buenas prácticas para las intervenciones de obra en caminería.

Más allá de esta articulación entre gobierno nacional y BID, la competencia en los caminos vecinales sigue siendo de los gobiernos departamentales. Entonces, estos podrán seguir utilizando sus propios pliegos y mecanismos para contratar.

“A veces hay pliegos del BID que son más complejos y a las intendencias se les hace difícil aplicarlos. Logramos que el BID aceptara que los pliegos uruguayos de obra existentes son lo suficientemente buenos como para que se puedan aplicar”, afirmó Apezteguía. “En Uruguay esas cosas son muy buenas, se destacan en América Latina en temas de transparencia”.

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01 diciembre, 2016