• Domingo 17 de octubre de 2021

Un llamado de atención: por el país

Por Nelson Ledesma, presidente de SPF

La Sociedad de Productores Forestales tiene por misión defender los intereses del sector, pero hay algo más: cada uno de sus socios, y la gremial en su conjunto, saben que, como productores del país, deben asumir una responsabilidad social y ambiental. Y eso supone pensar más allá de lo forestal; pensar en el agro en su conjunto y fundamentalmente en el país.

Con ese criterio, la Sociedad de Productores Forestales (SPF) fue al Parlamento a dar su posición ante la comisión del Senado que analiza el proyecto de ley aprobado a fin de 2020 en Diputados, con prohibiciones y otras restricciones al sector.

Fue una exposición con sentido de alertar los riesgos, innecesarios, de alto costo e impacto negativo, que conlleva un proyecto de ley de ese tipo. No hay ningún fundamento técnico, económico o de interés general que justifique este proyecto. Ni razones sociales o ambientales. Nada.

El forestal es un sector que sabe que hay que cumplir la regulación del Estado: en tres décadas y media de la Ley Forestal hubo cerca de 30 decretos y leyes que adecuaron el régimen en cuanto a suelos, calificación de bosques, aspectos tributarios, entre otros. Y, además, toda la normativa que desde 2005 fue generando el Ministerio de Medio Ambiente.

Una cosa es estar regulado, y otra cosa es quedar estrangulado.

De aprobarse, el proyecto de ley que involucra al sector forestal sería perjudicial para el agro, la sociedad y el país.

El proyecto en cuestión genera incertidumbre sobre la previsibilidad jurídica, que es una condición indispensable para decidir cualquier inversión, y en especial las inversiones de largo plazo.

Es perjudicial para la sociedad, porque genera un impacto negativo en el empleo al desestimular la inversión, reduce la posibilidad de generar alternativas de desarrollo para la gente del interior del país y limita las posibilidades de Uruguay de secuestrar carbono justo cuando el mundo busca los caminos para lograrlo.

Es perjudicial para el agro, porque afecta la libertad de los productores de decidir qué producir en su establecimiento; porque afecta los derechos de aquellos que no tienen suelos de Prioridad Forestal, y porque provocará una distorsión grave en el valor de la tierra y las rentas, al reducir la capacidad productiva de los campos afectados, con la consecuente pérdida de valor (patrimonial) y reducción de las rentas.

Es perjudicial para el país, porque afecta su imagen y su clima de negocios; se da una muy mala señal a los inversores porque se genera incertidumbre jurídica al cambiar las reglas de juego sin justificación alguna de interés general; porque se destruye una política de Estado que fue mantenida en siete administraciones de distintos partidos, porque se pasa de una política de promoción a una de restricciones.

Es un proyecto que, de aprobarse, derivará en mayor concentración de la tierra, en la medida en que las empresas deberán comprar más tierra para satisfacer las necesidades de materia prima para sus industrias. Eso afectaría a productores de menor tamaño.

Es un proyecto que malinterpreta el concepto de prioridad forestal, que es una definición política creada para implementar la promoción, pero nunca para prohibir la plantación de árboles. La prioridad forestal no es un concepto técnico, como sí lo es la Aptitud forestal que refiere a la potencialidad de un suelo para el crecimiento de árboles.

El proyecto malinterpreta el concepto de prioridad forestal, que es una definición política creada para implementar la promoción, pero nunca para prohibir la plantación de árboles.

Los productores que participan en la forestación, mediante alianzas o esquemas de fomento, en general pequeños, serán los más perjudicados, porque sus posibilidades serán limitadas y se afectará negativamente el valor de sus activos.

Restringir el área a forestar en un predio al 8% no tiene racionalidad ni fundamentación técnica y atenta contra la libre decisión del productor de optar por el mejor destino productivo para sus tierras. Además, atenta contra la necesidad de disponer de una mayor cantidad de bosques de abrigo y sombra asociados a la producción ganadera.

La SPF hizo una exposición fundamentada, con la experiencia de los que generan producción y con los fundamentos técnicos de asesores independientes, que estudian el caso en profundidad y con documentación.

El Senado quedó con un mensaje de alerta; es mucho lo construido en tres décadas como para destruirlo con una ley sin fundamento ambiental, social ni técnico.

La alarma quedó prendida y ahora lo importante será que el Parlamento preste atención, actúe en consecuencia y evite un mal al país.

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17 septiembre, 2021