• Jueves 21 de junio de 2018

A 30 años de la Ley Forestal

Por Atilio Ligrone, gte. gral. de la SPF

El 28 de diciembre de 2017 se cumplen 30 años de la aprobación de la Ley Forestal 15.939, que constituye el marco legal que regula en lo esencial la actividad forestal.

Su principal antecedente fue la Ley 13.723 del 28 de diciembre de 1968. La Ley Forestal aprobada en 1987 difiere de su predecesora en unos pocos aspectos. Entre ellos, los más destacables son el aporte efectivo de recursos al fondo forestal con el objetivo de financiar las plantaciones forestales, la prenda de bosques que permitió utilizar los bosques como garantía real con independencia del suelo, y la autorización a sociedades anónimas a ser tenedoras de tierras cuando el destino fuera la forestación.

El camino recorrido para la concreción de ambas leyes fue largo, con aportes de técnicos e instituciones nacionales y extranjeras, y con una amplia participación en una mesa de trabajo de todas las partes interesadas del sector: públicos y privados en las áreas primaria e industrial, la academia representada por la Universidad de la República, las asociaciones gremiales y las relacionadas con los temas sociales y ambientales están entre las más representativas.

El consenso logrado en este grupo de trabajo permitió al Ejecutivo de la época enviar un Proyecto de Ley al Parlamento que tuvo un tratamiento ágil y una aprobación unánime por parte de todos los legisladores.

La estabilidad política y económica del país, un marco legal consensuado por todas las fuerzas políticas para apoyar el desarrollo del sector, excelentes ventajas naturales para el crecimiento de los bosques y las condiciones del mercado internacional, constituyeron un escenario ideal para el posterior desarrollo de la actividad.

“El camino recorrido para la concreción de las dos leyes forestales fue largo, con aportes de técnicos e instituciones nacionales y extranjeras, y con una amplia participación en una mesa de trabajo de todas las partes interesadas del sector.”

Conjuntamente con el aumento de las áreas plantadas, se definió como objetivo la conservación de los bosques nativos. El ordenamiento de la actividad forestal a nivel del territorio, a través de la promoción de las plantaciones en suelos de menor capacidad relativa para otros usos agropecuarios, fue definiendo cuencas forestales que facilitaron posteriormente la radicación de industrias procesadoras de la madera.

El mantenimiento de las reglas de juego a lo largo del tiempo fue conformando una verdadera política de Estado en la materia; fue generando confianza en los inversores y logrando un crecimiento sostenido, no solo en los aspectos cuantitativos, sino también en la incorporación de nuevas tecnologías, innovando permanentemente y atendiendo con la mayor responsabilidad los aspectos laborales, sociales y ambientales.

Transcurridos 30 años, nos encontramos hoy con una actividad que desde su casi inexistencia en la década de 1980, se ubica en el segundo lugar en las exportaciones del país, genera un valor agregado equivalente al 3,6% del PBI, con 1.700 pequeñas y medianas empresas trabajando en su entorno, ocupando más de 25.000 empleos directos, indirectos e inducidos y aportando por la vía impositiva 280 millones de dólares al año, de acuerdo a un informe reciente elaborado por la consultora CPA Ferrere.

Todo este desarrollo se logra a partir de un conjunto de bosques plantados que ocupan hoy tan solo el 5% de la superficie del país, por lo que el impacto de los indicadores anteriores referidos a la hectárea muestra una alta eficiencia en el uso de la tierra y mayor al de usos alternativos.

El sector forestal fue pionero en contar con un Código Nacional de Buenas Prácticas, una legislación especifica en materia de seguridad e higiene en el trabajo, lo que entre otras cosas le ha permitido ser certificado en más del 90% de su superficie por los sellos más exigentes a nivel internacional.

Además de la contribución directa a la economía del país que ya describimos, el sector forestal ha contribuido fuertemente al conocimiento de la biodiversidad y a su conservación, a tal punto que las áreas de alto valor para la conservación manejadas en predios de las empresas forestales supera a aquellas que integran el propio Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

“Transcurridos 30 años, hoy nos encontramos con una actividad que desde su casi inexistencia en la década de 1980, se ubica en el segundo lugar en las exportaciones del país y genera un valor agregado equivalente al 3,6% del PBI.”

La convicción y acción de muchas personas pertenecientes a los distintos sectores de actividad (público, privado, académicos, investigación, organizaciones no gubernamentales) fue un factor fundamental para el logro de los objetivos.

Queda mucho por hacer, y el marco general de referencia ha ido cambiando. Pese a los excelentes resultados alcanzados, al alto nivel profesional con que se actúa y al respeto y consideración por los temas sociales y ambientales, el sector se ve afectado por una creciente implementación de criterios restrictivos a la actividad tanto a nivel nacional como departamental, que está dificultando su continuidad de crecimiento, fundamentalmente para las empresas de menor tamaño.

Sin embargo, seguimos creyendo en las bondades del sector y en su potencial de crecimiento y aporte a la economía nacional, demostrado en los hechos, y consecuentemente en la seguridad de seguir encontrando en los actores tanto del sector público como del privado, en sus diversas competencias, personas con la misma convicción e impulso de aquellos que posibilitaron alcanzar el desarrollo actual, para continuarlo por otros 30 años.

Descargar versión PDF