Debate abierto sobre proyecto para limitar forestación
Un proyecto de ley que busca limitar la forestación fue aprobado por la Cámara de Diputados el 15 de diciembre.* ¿Qué plantea el proyecto? ¿Son aplicables técnicamente sus propuestas? Forestal entrevistó a distintos actores del mundo agropecuario con el objetivo de poner en contexto la propuesta legislativa desde una visión productiva, académica y gremial.
Este mayo, un grupo de parlamentarios pertenecientes a Cabildo Abierto presentó un proyecto de ley titulado “Bosques y montes de rendimiento. Proyectos forestales. Aprobación. Régimen”. Dividido en tres artículos, este busca, grosso modo, limitar la aprobación de proyectos forestales productivos en Uruguay únicamente a los suelos de prioridad forestal.
El primer artículo plantea que cualquier proyecto forestal que sobrepase los 150 árboles plantados por hectárea debe realizarse únicamente dentro de suelos de prioridad forestal. “Ningún bosque productivo se planta con 150 árb/ha. En los proyectos de madera sólida, dependiendo del material genético que tengamos (clones o semillas), la densidad inicial puede estar entre 600-800 árb/ha y se llega a turno final con 180-200. Si son bosques de rendimiento, es decir para producir madera, y queremos utilizar sistemas mixtos (silvopastoreo) la densidad inicial estará en torno a 400/500 árb/ha”, explica Nelson Ledesma, productor forestal y vocero de la Sociedad de Productores Forestales (SPF). “Esto es una restricción a todo el sector”.
Dentro del primer artículo también se busca limitar los suelos de prioridad forestal a solo aquellos “cuyo índice de productividad Coneat sea en todos los casos inferior de 76”. Cuando en 1987 se promulgó la Ley Forestal, el criterio utilizado para elegir los suelos de prioridad forestal fue que “tuvieran muy altas limitaciones para otros usos de cultivos agrícolas o de pastura sembrada. Y que, además, tuvieran buena aptitud forestal como la profundidad”, detalla el Ing. Agr. Fernando García Préchac, exdecano de la Facultad de Agronomía y profesor Grado 5 en Conservación y Manejo de Suelos y Aguas.
Bajo este concepto, las principales zonas de prioridad forestal fueron establecidas en los suelos arenosos de Tacuarembó, Rivera y del litoral, donde se tiene un 75-80% de arena en la textura superficial. Estos, además, son suelos ácidos, que es una limitante para el crecimiento de cualquier planta de cultivo o pastura sembrada, pero no para los árboles. “A los forestales no nos sirven los suelos muy agrícolas, nos sirven los suelos livianos, de buen drenaje. Un suelo arcilloso que sería un buen suelo agrícola no es un buen suelo forestal. O sea que el interés de las partes está alineado”, explica Francisco Bonino, también productor forestal y vocero de la SPF.
“Este proyecto plantea como que Uruguay tiene que decidir si quiere producir madera y sus productos o alimentos, y para nosotros esa es una falsa oposición”, dice Bonino. “Los campos donde se han instalado los bosques en Uruguay, salvo alguna excepción puntual, son suelos de baja productividad que no tienen uso agrícola en su grandísima mayoría. Además, la ganadería, que es la otra actividad con la que nos contraponen, se ha integrado muy bien con la forestación”.
Para Ledesma, esta modificación del criterio de suelos de prioridad forestal no solo perjudicaría al sector, sino que sería una medida que no va a poder ser aprovechada por otros rubros productivos, justamente por las características de los suelos. “Hoy existen 1.200.000 hectáreas de suelos de prioridad forestal definidos por ley que quedarían fuera con esta nueva normativa. ¿Qué haría el país con esos suelos si no tienen posibilidad de uso para otra producción? No tiene mucho sentido”, dice.
AGUA Y FORESTACIÓN
La propuesta de los legisladores, también en el primer artículo, exige que para aprobar nuevos proyectos forestales la “distancia desde el borde del monte proyectado a un curso de agua sea siempre superior a los 300 metros”. Los tres entrevistados para este artículo concuerdan en que se trata de un número arbitrario pues, en palabras de García Préchac, “no existe fundamento técnico para elegir esa distancia específica”.
En 2018, el Consejo Internacional de las Academias de Ingeniería (Caets) realizó su reunión anual en Uruguay y García Préchac fue el responsable de coordinar una sesión sobre sustentabilidad de suelos y agua bajo agricultura y forestación. Allí se presentó un trabajo realizado por el Ing. Luis Silveira en la cuenca del río Tacuarembó, quien definió dos períodos de estudio: uno preforestación de 1975 a 1993 y uno posforestación de 1994 a 2008. “La reducción en el período posforestación del escurrimiento fue entre 8,2 y 36,5%, dependiendo de la magnitud de las precipitaciones del año. La reducción de escurrimiento fue mayor en primavera/verano y menor durante otoño/invierno. Así que la primera aproximación gruesa es: hay menos escurrimiento del agua bajo forestación”, dice el exdecano.
También se presentó otro estudio en dos pares de microcuencas de 100 a 200 hectáreas en el litoral oeste: una forestada con eucalipto y otra con pasturas naturales. Tras analizar datos desde 2006 a 2014, se concluyó que el escurrimiento promedio anual disminuyó alrededor de un 17% en la cuenca forestada. Esta disminución fue equivalente a la intercepción de precipitación realizada por la parte aérea de los árboles. “O sea que ese menor escurrimiento en realidad es agua evapotranspirada porque quedó en las hojas y de ahí se evaporó”, detalla García Préchac. El académico explica que gracias a esta agua las plantas pueden mantener abiertos sus estomas, haciendo fotosíntesis sin perder agua interna ni gastar energía. “Esa no es agua perdida como suele decirse sino agua productiva. El menor escurrimiento de la cuenca es mayor evapotranspiración, y mayor evapotranspiración es mayor productividad”, concluye.
Finalmente, los datos monitoreados de altura de nivel freático con piezómetro no mostraron diferencias conclusivas de recarga de agua subterránea entre los usos del suelo. “En realidad está diciendo eso para no decir ‘encontré un poco más de recarga bajo forestación’, pues lo mostró en la charla pero no se puede decir que es conclusivo. Así que los acuíferos no están en grave peligro”, sentencia García Préchac.
La limitación al uso de suelos de prioridad forestal propuesta –teniendo en cuenta el índice Coneat y la distancia a los cuerpos de agua– volvería prácticamente inviable la plantación de nuevos bosques a nivel operativo, pues el área utilizable bajaría tanto que no tendría sentido comprar campos para forestar.
¿ROTACIÓN OBLIGATORIA?
En el segundo artículo, el proyecto de ley plantea la obligación de instaurar “proyectos de rotación de cultivos entre cada turno forestal”. En la explicación de motivos correspondiente se detalla: “El MGAP ha establecido disposiciones sobre monocultivos a fin de evitar la sobreexplotación del suelo, que es sometido a exigencias nutricionales del mismo cultivo por largo tiempo y hace que el terreno se debilite y erosione con más facilidad”. García Préchac es tajante en cuanto a este punto: “No hay ningún fundamento para sostener el pedido de rotación de cultivos. Bajo forestación no hay erosión”.
El ingeniero agrónomo cita un informe elaborado por la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial (Dinot) y presentado por el Ing. Alfredo Blum en la Convención de las Naciones Unidas por la Lucha Contra la Desertificación y la Sequía. El documento estudia el cambio en el estado de la degradación de tierra desde 2000 hasta 2015. La métrica se basa en tres indicadores: productividad primaria, carbono en el suelo y tipo de cobertura.
En 30 años, la forestación ocupó el 6% de la superficie productiva del Uruguay. La SPF calcula que en 30 años más no se superará el 10%
Al mirar el mapa del estudio y sus resultados, se ve que “un 25,6% de la tierra se degradó esencialmente donde el campo natural o la pastura fueron sustituidos por agricultura. Lo que se mantuvo estable, es decir que no cambió, es el campo natural y también el monte nativo. Pero lo que mejoró, que es el 7,9%, es básicamente lo forestado”, explica García Préchac. “Lo que le está diciendo Uruguay al mundo es que donde mejoró su tierra es donde se forestó. Entonces ese argumento de la degradación, del empobrecimiento y de la erosión está contradicho por la métrica internacional de degradación de tierra y por resultados que tuvo Uruguay con su aplicación”, concluye.
Por otro lado, la obligatoriedad de rotar entre cultivos tendría implicancias muy serias a nivel productivo. Una industria forestal necesita de una cantidad de hectáreas plantadas según el suministro anual que requiera para cumplir con determinados volúmenes. Para ello, se realiza una planificación escalonada de los turnos de plantación que permite suministrar a la industria de forma sostenible. “Si me obligan a que después de una rotación tengo que esperar 2, 3 o 4 años [para volver a plantar] esto implica aumentar el área forestada necesaria para suministrarle a la planta el mismo volumen continuo anual. Esto es una contradicción dentro del propio proyecto de ley: en vez de disminuir el área forestada tendría que incrementarla”, explica Ledesma. Esto, además, sin mencionar los sobrecostos que se ocasionarían, primero, para llevar a cabo la rotación de cultivos y, segundo, por la necesidad de tener más hectáreas de suministro.
CUESTIÓN DE SUELO
Sobre la degradación del suelo, García Préchac también comenta el trabajo de los ingenieros agrónomos Jorge Hernández y Mario Pérez, quienes realizaron un estudio durante 10 años en un predio bajo forestación de eucaliptos en Uruguay. La investigación muestra que al cosechar la madera de los árboles se retira en cantidades importantes calcio, magnesio y potasio. Sin embargo, al dejar en el lugar las hojas, ramas y cortezas, estos subproductos se descomponen y al cabo de dos años el suelo vuelve a recomponerse con estos elementos.
“Si hay algo que preserva la calidad del agua es la forestación, por la disminución brutal de la erosión”. Fernando García Préchac
“Otra cosa de la que nunca nadie habla es de que los suelos forestales desarrollan un nuevo horizonte orgánico –conocido como horizonte O– formado por la acumulación de hojarasca sobre el suelo mineral. Este es depósito de materia orgánica”, señala el profesor Grado 5. “En el balance, los suelos forestales ganan algo de contenido de carbono orgánico en relación al uso bajo pasturas precedente, siendo la mayor causa de la diferencia la presencia del horizonte nuevo”, sostiene.
DERECHO A LA PROPIEDAD
En el tercer artículo de la propuesta de Cabildo Abierto se establece que la aprobación de todos los proyectos forestales “estará a cargo de la Dirección Forestal y Dinama, quienes en todos los casos deberán considerar prioritariamente la voluntad de los habitantes de la zona afectada a la forestación”.
Para Ledesma esto denotaría “una fragilidad absoluta del sistema. ¿Cuál es la seriedad desde el punto de vista jurídico para el país o para un inversor que un vecino pueda definir lo que pueda hacer yo en mi predio si es que ya estoy cumpliendo con el marco jurídico exigido?”.
Bonino argumenta en la misma línea: “Además de generar mucha incertidumbre en las inversiones, no es justo porque a mí nadie me pregunta si quiero que el vecino plante soja, trigo, maíz o arroz y entonces tampoco es algo que se corresponda con lo que se les pide a todos los sectores de actividad. Se desconoce que el forestal es el sector del agro más regulado. Pasamos por la Dinama, por la Dirección General Forestal y, además, tenemos certificaciones privadas que realizan auditorías. Es poner restricciones en un lugar donde el Estado ya está mirando y controlando para asegurarse de que se hagan bien las cosas”.
Como dice Bonino, hoy todos los proyectos forestales –salvo los de menos de 100 hectáreas– ya pasan por el control de la Dirección General Forestal y la Dinama. Asimismo, “si Dinama decide definir la propuesta forestal como una de Clase B o C, esto, por decreto, ya requiere una puesta de manifiesto pública donde los habitantes de la zona pueden participar”, explica Ledesma.
CORTAR RELACIONES
Otro de los riesgos que los expertos ven en la promulgación de este proyecto de ley es la interrupción de la sinergia entre ganaderos y forestales que viene siendo impulsada especialmente desde 2007. “Vemos una amenaza fuerte en este artículo a la integración entre ganadería y forestación. Los productores agropecuarios no necesariamente tienen suelos de prioridad forestal, pero quieren incluir la forestación por el abrigo y la sombra que beneficia a su actividad ganadera y que, además, les permite diversificar los ingresos de su activo al tener una renta. Hoy hay mil productores que están vinculados bajo este esquema de arrendamiento”, explica Ledesma.
Actualmente, muchas empresas forestales buscan acuerdos con los productores ganaderos para plantar pequeñas superficies en cada campo. Así, los forestales obtienen madera sin necesidad de comprar un campo y los ganaderos diversifican su actividad e ingresos utilizando espacios de su predio que están poco aprovechados o en desuso.
Finalmente, para Bonino, la aprobación de este proyecto de ley en su totalidad “sería una muy mala señal para los inversores, porque sería un nuevo cambio de las reglas de juego y, además, uno poco razonable. A nivel país sería un freno a una actividad que está funcionando bien”. El debate está, ahora, en manos del Senado.*
LA POSICIÓN DEL MGAP
El 14 de julio y el 11 de agosto, la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca recibió a una comitiva del MGAP para discutir sobre el proyecto de Cabildo Abierto. El director de la División Gestión de Bosque, Ing. Agr. Juan Pablo Nebel, declaró –según la versión taquigráfica de ambas sesiones– que “ninguno de los tres artículos del proyecto sería aplicable como forma de regulación del sector forestal […] El sector forestal y la normativa de bosques son pioneros en el ordenamiento territorial productivo y en la conservación de los ecosistemas naturales de bosques con resultados altamente satisfactorios y positivos, pudiendo ser auditados y comprobados, tanto a nivel macro como a nivel de cada establecimiento rural o propiedad de la tierra con bosque. El articulado propuesto no reúne en su conjunto una norma que brinde una solución regulatoria al objetivo planteado, que era el de disminuir la utilización de buenos suelos”.
*Nota de redacción: Este artículo fue modificado el 29 de diciembre de 2020 para actualizar la información referida al estado del proyecto de ley, pues el 15 de diciembre fue aprobado por la Cámara de Diputados. Anteriormente figuraba que estaba siendo evaluado en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca.
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